Así lo recoge el documento que el Ejecutivo regional envió el pasado 23 de diciembre al Ministerio de Política Territorial con un total de 35 propuestas que pretenden responder al texto sobre economía y empleo mostrado por Moncloa en la IV Conferencia de Presidentes y que, según la Junta, se presentó al finalizar la reunión y en esas condiciones no pudo valorarlo, debido a lo cual se abstuvo y ahora manifiesta su opinión.
El documento incluye una serie de propuestas en materia de empleo, estabilidad de las finanzas públicas, impulso a la competitividad, política industrial, sector servicios, agricultura y medio ambiente, y función pública. Finalmente, incorpora el acuerdo alcanzado el pasado día 10 entre la Junta y las organizaciones agrarias de Castilla y León, con una serie de demandas como lograr el reconocimiento del sector como "estratégico y prioritario" y la aprobación de un plan económico y de financiación específica para el sector agrario y alimentario, .
Así, en materia de empleo, -"el mayor problema económico" de España-, la Junta recomienda impulsar un cambio estratégico en la formación y fortalecer la financiación de las políticas activas, estimular la participación de las empresas en el sistema de Formación Profesional a través de la creación de 'aulas-empresas', entre otras.
En materia de endeudamiento, el Ejecutivo liderado por Juan Vicente Herrera aboga por reducir los niveles de deuda de forma progresiva, respetando siempre el límite máximo del 60 por ciento del PIB.
Dentro del impulso a la competitividad, la Junta integra la consecución de los tres pactos de Estado, necesarios para el logro de reformas estructurales "imprescindibles" para reforzar la economía española. En primer lugar, por la energía, para diseñar una política energética nacional a medio y largo plazo "coherente y sostenible, tendente a reducir la dependencia energética exterior, y que garantice el suministro en términos de calidad, cantidad y precio, con una adecuada diversificación de fuentes primarias de energía". En la consecución de dicho pacto sería fundamental, según la Junta, tener en cuenta el carbón, las energías renovables y la nuclear.
El segundo pacto planteado es el de la educación, para lo que pide redoblar esfuerzos para alcanzar un acuerdo, un modelo de financiación de las universidades que se sustente en un sistema objetivo de resultados que premie la relación universidad-empresa, la investigación científica de calidad.
El tercer pacto se centra en el impulso de la vivienda a nivel nacional. En él deben participar todos los agentes intervinientes para garantizar el acceso de las familias y los jóvenes a la financiación y fomentar actuaciones para eliminar el 'stock' de viviendas sin vender o alquilar.
Con el objetivo también de aumentar la competitividad, la Junta demanda el restablecimiento del flujo del crédito hacia las familias y empresas, en particular de las cajas de ahorros, así como un refuerzo de los mecanismos de financiación de las empresas.