Para lograrlo, se han fijado las líneas estratégicas que guiarán su actuación y que arrancan con la implantación del nuevo modelo de reconocimiento de derechos individuales, asentado en la Ley de Servicios Sociales.
Estas líneas estratégicas se sustentarán en la apuesta por el empleo, el apoyo a la promoción de la autonomía personal y la atención integral a través de la coordinación sociosanitaria.
Por un lado, para respaldar la creación de empleo de personas con discapacidad se introducirá un nuevo modelo orientado a este tipo de personas para que logren una adecuada capacitación que les permita participar en la economía y en la sociedad, así como dar el salto entre la etapa educativa y el mundo laboral.
Por otra parte, dentro del nuevo modelo de derechos individuales, se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para que las personas discapacitadas desarrollen un proyecto de vida de la forma más autónoma posible.
Finalmente, se impulsará la coordinación sociosanitaria para las personas con discapacidad, así como la atención integral de las personas con dependencia.
En la actualidad, Castilla y León dispone de una amplia red de centros de atención integral de este colectivo, en los que residen 303 personas y en los que más de 14.300 discapacitados participan en talleres de ocupación y diversas actividades.