El miércoles 17 de septiembre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contestó en el Congreso a una interpelación de la diputada del BNG, Olavia Fernández Davila, sobre la exigencia a los retornados por las pensiones percibidas del extranjero en los últimos cuatro años.
En este debate, Montoro recordó las medidas contenidas en la disposición adicional única del proyecto de ley de reforma de la ley del IRPF que incluye la apertura de un periodo de seis meses -desde el 1 de enero al 30 de junio de 2015- para que los pensionistas retornados declaren las cantidades percibidas que no hubiesen declarado. Quienes lo hagan no percibirán sanciones ni deberán pagar intereses de demora ni recargos. Y a quienes ya lo hayan hecho se les devolverán las cantidades abonadas por estos conceptos cuya suma total ascenderá a 20 millones de euros, según señaló el ministro en el Congreso.
También recalcó que medida afectará a las pesiones que se reciban provenientes de administraciones públicas y no a las provenientes de fondos de pensiones privados (como los que articulan muchas empresas para sus empleados).
El ministro informó que «el colectivo objeto de actuación asciende a 33.412 pensionistas» y aseguró que la Agencia Tributaria ha paralizado todos los trámites relacionados con esta cuestión hasta que se apruebe el proyecto de ley, aunque reconoció que alguna notificación haya podido tramitarse en estos días. Aconsejó a quienes reciban estas notificaciones que acudan a la delegación de la AEAT más cercana.
Montoro insistió en que la medida propuesta por el Gobierno para los pensionistas retornados y pensionistas extranjeros residentes en España «es un caso único. No se había hecho. No se había hecho nunca en nuestro derecho tributario. Estamos haciendo una propuesta única porque la situación lo merece y a partir de ello, ese es el reconocimiento que quiere hacer el Gobierno sobre esa situación y sobre las personas sujetas a la misma».
Reproches del BNG
Por su parte, la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, reprochó a Montoro la propuesta que hacen porque «anuncian una rectificación pero implica que tendrán que pagar retroactivamente desde 2008, y por ecncima para recuperar el importe de las multas y de los intereses de demora, deberán solicitarlo. Ni siquera el Gobierno decide devolverlo de oficio, sino que va a obligar a personas mayores a tener que tramitar solicitudes, lo que supondrá que tendrán que recurrir a asesorías y demás».