En la cumbre de la Unión Europea, Zapatero agradeció la solidaridad europea por la crisis migratoria.
Respecto al encuentro entre Zapatero y Martín, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que la comisión bilateral será de carácter “político y técnico”. Las reuniones políticas podrían tener lugar una o dos veces al año y las técnicas, una periodicidad mensual. Se tratará sobre todo lo que tenga que ver con la inmigración en Canarias: acción diplomática y ante la Unión Europea, seguridad, vigilancia, etc. Rodríguez Zapatero anunció al dirigente canario que visitará el Archipiélago a mediados del mes de julio. Martín hizo hincapié en la necesidad de que “no se baje la guardia política” ante la inmigración y Rodríguez Zapatero, por su parte, mostró su agradecimiento tanto al Gobierno autonómico como a los ciudadanos por su “ejemplo cívico y solidario” con los inmigrantes.
Por otro lado, el Ejecutivo canario enviará al Gobierno una propuesta sobre las modificaciones legislativas que a su juicio deben afrontarse. En la ley de extranjería, plantea modificar los protocolos de expulsión de los inmigrantes irregulares que llegan en grandes grupos, como es el caso de las pateras y cayucos, restringir los visados, los permisos de trabajo, etc. Por otra parte, la Agencia Europea de Control de Fronteras acordó los medios que cada país aportará para controlar la inmigración ilegal que llega a Canarias. Así, Portugal, Francia y Reino Unidos destinarán dos barcos cada uno, y uno Italia; mientras Filandia aportará un avión.
Por otra parte, Zapatero declaró desde Bruselas, tras el Consejo Europeo, que la inmigración va a ser un tema prioritario de la próxima presidencia de la Unión Europea (UE) que asume Finlandia. Zapatero agradeció la sensibilidad y solidaridad de todos los miembros de la Unión Europea ante el aluvión de inmigrantes ilegales que sufre Canarias.
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De la Vega defendió en el Parlamento europeo la pasada regularización
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La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió la ayuda del Parlamento europeo para hacer frente al reto de la inmigración ilegal e insistió en que su control es una responsabilidad “común” y, por tanto, debe de ser objeto de una auténtica política europea. La vicepresidenta defendió también el proceso de regularización llevado a cabo por el Ejecutivo, a pesar de las críticas que suscita en algunos socios, que ven en esta política un efecto llamada, y aseguró que España despliega sus esfuerzos en la lucha contra la inmigración ilegal. Recordó que sólo en 2005 invirtió en el control de las fronteras exteriores 105 millones de euros y en 2006 la política de desarrollo a África se acercará a los cien millones.