Gobierno central y regional colaboran en la promoción y rehabilitación de 3.744 viviendas

Firmaron 26 acuerdos que supondrán una inversión de 89,5 millones de euros

Este encuentro sienta las bases de colaboración para el desarrollo de 25 actuaciones con una inversión global de casi 89,5 millones de euros con el objetivo de promover y rehabilitar 3.744 viviendas en Castilla y León. Todas estas iniciativas a propuesta de la Junta de Castilla y León.
En total se desarrollarán actuaciones en ocho Áreas de Rehabilitación Integral con 1.457 viviendas en municipios de las provincias de Zamora (cinco proyectos), Burgos, León y Segovia.
Asimismo, se rehabilitarán 147 viviendas del centro histórico del municipio salmantino de Ledesma; y 300 hogares del casco histórico del municipio vallisoletano de Medina del Campo. A esto se suma la rehabilitación de 104 casas del centro urbano de Atapuerca y Olmos de Atapuerca (Burgos).
Además se desarrollarán actuaciones en 14 Áreas de Urbanización de suelo que permitirán la construcción de 1.736 viviendas, en su mayoría, protegidas. Se trata de 9 Áreas de Urbanización Prioritaria (AUP) donde se levantarán 756 casas y la ampliación del AUP de La Guindalera, en Roa (Burgos). A estos acuerdos se suman otros cuatro de Áreas de Urbanización No Prioritaria para 980 viviendas.
Los acuerdos suscritos incluyen también el protocolo marco de colaboración firmado por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda, con la Consejería para el desarrollo de nuevas actuaciones, entre ellas la Oferta Pública de Compra de Suelo para dinamizar la urbanización de suelo. SEPES tiene en la actualidad 23 actuaciones en la Comunidad.


Silván reitera la necesidad de “un gran pacto nacional para la vivienda”

El consejero de Fomento, Antonio Silván, reiteró a la ministra, Beatriz Corredor, la «necesidad de un gran pacto nacional que desarrolle la política de vivienda desde todos los puntos de vista como el urbanismo, el sistema financiero, sistema económico y social», entre otros». El consejero consideró «prioritaria una respuesta consensuada, clara y realista a los problemas de la actual situación económica». Dentro del pacto nacional, Silván consideró esencial revisar aspectos como la fiscalidad de la vivienda, las dificultades financieras de los ciudadanos al contratar una hipoteca, o la «sangría» que supone el incremento del número de parados en la construcción.