Los encarcelados están acusados de un delito de integración en ETA. El Gobierno vasco criticó que se envíe a prisión a personas que fueron “interlocutores en el proceso de paz”.
En cuanto a los otros seis detenidos, para cuatro de ellos -Jean Claude Aguerre, Haizpea Abrisketa, Egoitz Apaolaza y Francisco Javier Urrutia-, Garzón ordenó prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para los tres primeros y de 24.000 para el cuarto, mientras que otros dos -Iban Berasategui y Xabier Albisu- fueron puestos en libertad nada más comparecer ante el juez. A ocho de los detenidos a los que envió a prisión, entre los que destacan los dirigentes de Batasuna Joseba Permach, Rufino Etxebarría, Juan José Pretrikorena y Juan Cruz Aldasoro, el juez los acusa de reiterar en el delito de pertenencia a banda armada por el que ya se encuentran procesados en sumarios en los que se investiga el entorno etarra, mientras que a los diez restantes les imputa por primera vez la comisión de este delito.
Garzón adoptó esta decisión después de que los fiscales Carlos Bautista y Juan Moral pidieran prisión para dieciocho de los 23 detenidos y fianza de 10.000 euros para otros tras interrogarles, aunque, a excepción de los dos que quedaron en libertad, todos ellos se negaron a declarar. La detención de estos 23 miembros de Batasuna se produjo cuando supuestamente pretendían reactivar el partido ilegalizado desde que ETA anunció la ruptura formal del alto el fuego el pasado 5 de junio.
Estos diecisiete miembros de Batasuna que ingresaron en prisión se suman a los portavoces de la ilegalizada formación y de la organización de apoyo a presos Askatasuna, Joseba Álvarez y Oihana Agirre, respectivamente, para los que el juez decretó prisión días antes acusados de contribuir con sus actividades a la acción violenta de ETA. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, celebró la detención de los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna porque “forman parte de una organización terrorista” y deseó que este hecho suponga el inicio de la rectificación de la política antiterrorista del Gobierno, según dijo.
Además, pidió al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que promueva la ilegalización de ANV y que el presidente del Gobierno “haga una afirmación clara de que no volverá a negociar con ETA”.
“Espero que el Gobierno actúe contra ANV. Una de las personas detenidas era candidato de esta formación. Todos sabemos que ANV es lo mismo que Batasuna y el apoyo político de la organización terrorista ETA. Creo que rectificar es de sabios y si el Gobierno rectifica lo apoyaré. Si no, le diré a los españoles lo que pienso sobre este asunto”, indicó Mariano Rajoy respecto a los hechos.
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La organización lo considera una “declaración de guerra”
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El portavoz de Batasuna, Pernando Barrena, afirmó que la operación policial contra la cúpula de su partido constituye una “declaración de guerra en toda regla” del Gobierno “al movimiento independentista vasco”. Barrena, uno de los pocos dirigentes de la formación ilegalizada que sigue en libertad, consideró que esta actuación fue “ordenada” por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para “cerrar las puertas a la independencia de este pueblo” y “perpetuar el conflicto político”.
Desde el Gobierno vasco, su consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), dijo tener la “impresión” de que detrás de los arrestos hay un “interés de impedir la normalización política” y una “intromisión” de parte del poder judicial. Opinó que “difícilmente se puede entender” que se encarcele a quien se reúne “para seguir haciendo política” y que se detenga a “quienes han sido interlocutores del Gobierno” en el proceso de paz.