Galicia pone en marcha el Plan contra la desigualdad económica dentro de la Estrategia de Inclusión Social

Feijóo precisó que todos los indicadores económicos coinciden en que la situación económica está evolucionando, “que estamos dejando atrás la crisis, y que poco a poco se consolida la recuperación”, pero añadió que la recuperación no alcanza aún a todos los ciudadanos, ni en igual medida: “El objetivo final: una recuperación económica para todos”.
Recordó que en los últimos años el Gobierno gallego ha incrementado un 17,7% las partidas destinadas en los presupuestos a la inclusión, hasta conseguir los 70 millones de euros para ayudar a familias en situación de pobreza y exclusión social. Gran parte va destinado a la Renta de Inserción Social de Galicia (Risga), que supera ya los 50 millones de euros. Y, además, la nueva orden de contratación para perceptores de la Risga duplicará en 2015 el presupuesto del año pasado, llegando a más de 1.000 beneficiarios. Asimismo, subrayó el aumento presupuestario para la nueva línea de ayudas a entidades de iniciativa social: un 40% más que en 2014 y un 62% que en 2013.
Compendio de medidas
Explicó que el objetivo no es sólo llegar a aquellas personas que no tienen casi ingresos, sino a aquellas que, teniendo ingresos, son claramente insuficiente para afrontar gastos necesarios. “Y serán prioritarias aquellas familias con menores a cargo o que sean monoparentales”, incidió. Con este fin, Feijóo destacó que el Plan incorpora distintas medidas ya en marcha, pero que es preciso aunar en una única hoja de ruta para unificar esfuerzos y recursos.
Medidas como las ayudas para la adquisición de libros de texto, las ayudas para universitarios que por causas sobrevenidas o imprevistas tienen dificultades para continuar sus estudios, la exención del pago de medicamentos a personas receptoras de rentas mínimas y a parados que perdieron el subsidio por desempleo, el tícket eléctrico para las familias con menos ingresos o los incentivos a las empresas de inserción laboral que buscan salidas laborales a personas en riesgo de exclusión.
Así como la renovación del convenio con el Banco de Alimentos para hacer llegar a las familias que lo precisen alimentos para menores en las vacaciones escolares; al programa de ayudas al alquiler para familias con menos ingresos; y al Programa Reconduce para dar salida a afectados por desahucio por ejecución hipotecaria.
La Xunta -que crea una comisión interconsellerías de la que forman parte Vicepresidencia, Traballo e Benestar; Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas; Economía e Industria; Educación y Sanidade- trabajará con las entidades sociales y los ayuntamientos y diputaciones para cerrar el paquete de medidas que den respuesta a las necesidades.
Feijóo destacó también que este plan se centrará en cuatro ejes. El primero de ellos, en el campo sanitario, para complementar la exención del pago de medicamentos a otros colectivos y familias. “Y, seguiremos trabajando en el campo de la Educación, para ampliar las ayudas para facilitar a las familias más vulnerables, además del acceso a libros de texto, a otros materiales y actividades; en materia de Bienestar, con el fin de establecer mecanismos para cubrir necesidades básicas a las familias con ingresos insuficientes; y en el campo de la Vivienda”.
Lucha contra desahucios
Feijóo hizo hincapié en la ampliación de las prestaciones del Programa Reconduce también a las personas en riesgo de desahucio por impago del alquiler. Y, a mayores, se creará el Registro de Viviendas Vacías de la Comunidad, “un censo a efectos de información y de planificación social para conocer las viviendas vacías ubicadas en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes”.
Asimismo, se plantea una doble vía de actuación: ayudas, en los casos en que sea posible contribuir al pago de la hipoteca o del alquiler; y, paralelamente, ampliar las posibilidades de realojo, “tratando de sumar las viviendas del Censo de Viviendas Vacías”. Se quiere identificar a las familias con mayor riesgo para encontrar la mejor solución posible a través de ayudas económicas, de oportunidades laborales, o asignaciones de una vivienda alternativa.
Y se anunció un convenio de colaboración que se firmará con los bancos para que las familias no se queden sin casa por motivos económicos: acuerdos para paralizar los desalojos por ejecuciones hipotecarias y dedicar viviendas vacías a alquileres sociales.