El Parlamento de Galicia aprobó el pasado 18 de octubre por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular por la que se solicita al Gobierno central que ceda a las comunidades autónomas el rendimiento del impuesto sobre sucesiones y donaciones derivado del deber real de contribuir, del deber personal del causante no residente, así como de la adquisición de bienes inmuebles situados fuera de España. Esta cesión comprenderá también la delegación de las competencias de gestión, recaudación, inspección y revisión correspondientes.
En el curso del debate, el portavoz popular en materia de Facenda, el diputado José González, explicó que “en la configuración de nuestro sistema tributario el impuesto de sucesiones es un impuesto cedido, es decir, es un tributo del Estado pero con competencias normativas de las comunidades autónomas”.
González indicó que la reducción en la tributación de este impuesto para los contribuyentes residentes en Galicia producida a partir del 1 de enero de 2016, que supuso la supresión de facto del impuesto para el 99% de los gallegos no se pudo aplicar en los casos en los que un no residentes estaba implicado en la herencia o donación, ya fuese por haber fallecido, por ser heredero, o donante o perceptor de la donación.
José González explicó que el motivo es que en estos casos el impuesto no estaba cedido a las comunidades autónomas, por lo que, hasta el 1 de enero de 2015, estos casos tenían que tributar de acuerdo con la normativa estatal, que es más perjudicial que la gallega. Esta situación discriminatoria fue declarada por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3 de septiembre de 2014, que motivó una modificación normativa para que las herencias y donaciones en las que estuvieran implicados los no residentes tributaran de acuerdo con la normativa autonómica que correspondiera en cada caso.
En la proposición no de ley aprobada se pide que se vaya más allá y que se ceda las CCAA también el rendimiento del impuesto y la delegación de las competencias de gestión, recaudación, inspección y revisión correspondientes. José González explicó que esto permitirá “una aplicación homogénea e igualitaria de la norma a todos los contribuyentes por administraciones especializadas en este tributo”.
“Conseguiríamos una mayor eficiencia en la gestión, al mismo tiempo que se facilitarían los deberes a los contribuyentes disminuyendo de forma significativa la presión fiscal indirecta, además de aumentar los ingresos de las comunidades autónomas y, por lo tanto, su autonomía financiera”, añadió.