Fernández Vara propone “un gran pacto social y político por Extremadura” con un ambicioso paquete de iniciativas

Durante su intervención en el debate del estado de la región celebrado en la Asamblea

Intervención de Vara ante el pleno de la Asamblea.

“Les propongo alcanzar un gran pacto social y político por Extremadura, por su desarrollo, por el empleo, por la protección social, por la cohesión territorial, por la distribución adecuada del esfuerzo y de sus resultados”, dijo el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en su primera intervención ante el pleno de la Asamblea el pasado 29 de junio con motivo del Debate sobre la Orientación de la Política General de la Junta de Extremadura.

Un pacto justificado por la “envergadura” e “intensidad” de la actual crisis económica y del que participen sectores académicos, financieros, profesionales y asociativos para que antes de que finalice el año, sea objetivo de discusión, modificación y aprobación en la Asamblea.

En líneas generales se trataría de introducir cambios en el modelo de desarrollo, crear empleo, recuperar la confianza y apuntalar la solidaridad a través de un ambicioso paquete de medidas dirigidas a fortalecer el sistema productivo de Extremadura; potenciar sectores económicos emergentes como los
relacionados con la energía, el turismo de calidad, la sociedad de la información, la industria deportiva y de ocio; dar un nuevo impulso hacia la internacionalización y la apertura de nuevos mercados con especial atención al papel que le toca jugar al sector de la agroindustria; fomentar del emprendimiento; vincular el sector público empresarial de Extremadura a su participación en nuevos sectores estratégicos; mantener el nivel de inversión en obra pública, afectando a la colaboración público-privada; priorizar en el transporte de mercancías del uso del ferrocarril; desarrollar políticas de viviendas en alquiler y de rehabilitación, con especial mención a la eficiencia energética.

Además, la propuesta incluye un desarrollo preferente de la Ley de la Dependencia; la defensa de la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro, el compromiso del sector público y financiero en la efectividad de las líneas puestas en marcha por el ICO; reorientación de las políticas de formación desde el Servicio Público de Empleo y lograr una mayor integración de las políticas activas de empleo; impulso de la I+D+i y la variable tecnológica, con la aprobación de una Ley de Ciencia y Tecnología; continuar priorizando la educación, la formación profesional y la cualificación de los trabajadores; impulsar la descentralización administrativa y compromiso con la mancomunización de servicios; elaborar una ley que garantice la Renta Básica de Inserción, vinculada con itinerarios formativos; priorizar los programas especiales de empleo público a las personas que hayan perdido la protección social.

Asimismo, se propone la sustitución de todos los trámites burocráticos para la apertura de nuevas empresas por la declaración responsable; garantizar el cobro de las empresas subcontratadas en las licitaciones públicas; priorizar el gasto de todo aquello que tenga que ver con el tejido productivo y los servicios públicos fundamentales; potenciar el papel de la economía social en el desarrollo de los servicios públicos vinculados con la dependencia y la educación 0-3 años.

Otras medidas promueven la necesidad de establecer una estrategia específica en materia de formación e innovación dirigida a la pequeña empresa y a los autónomos; además, hay que seguir impulsando lLa responsabilidad social corporativa. El plan incluye también medidas en materia universitaria y en el de la vivienda.
“Estas líneas generales, y otras que se pueden incorporar, deber ser las bases de un cambio de modelo de crecimiento coherente con las necesidades surgidas a partir de la realidad en la que vivimos”, declaró Vara.