“Hay dos recortes sociales: el Real Decreto Ley de los 15.000 millones de euros que aprueba el Gobierno central y otro de 20.000 millones de euros que el Ejecutivo impone para que las comunidades autónomas recorten”, denunció el mandatario gallego, advirtiendo que se trata “de un recorte social encubierto”.
“La postura es muy clara”, enfatizó Feijóo, explicando que, dado que “nosotros no vamos a hacer un recorte social encubierto, lo que pretendemos es poder acompasar los ritmos de la devolución al mantenimiento de los servicios públicos esenciales sin recorte. Y eso es lo que le estamos la plantear al Gobierno de España”.
El mandatario autonómico abundó en la necesidad de mantener unos servicios públicos de calidad: “Igual que los extremeños, los canarios y los gallegos queremos servicios públicos de calidad, no hay ningún presidente que esté dispuesto a rebajar la calidad de los servicios públicos. Desde luego en Galicia no se van a rebajar, ya se atienda o no esta cuestión”, afirmó.
Feijóo defendió que Galicia, “paga lo que debe a todo el mundo”, pero lo que no puede “es pagar en los plazos en que el Gobierno central necesita para solucionar los problemas de déficit público en los que está incurriendo”.
Canarias, La Rioja, Castilla y León y la Comunitat Valenciana respaldan a Galicia
Canarias se sumó a la reclamación que encabeza Galicia para que se aplace la devolución de la deuda que las autonomías han contraído con el Estado debido a los anticipos, excesivos, concedidos en los años 2008 y 2009. Así lo plantearon el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el canario, Paulino Rivero, tras mantener una reunión en Santiago con motivo del Día de Canarias en la celebración del Xacobeo. Su propuesta se produjo un día después de que el Gobierno rechazara en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el aplazamiento de la deuda reclamado por Galicia, a la que secundaron de forma explícita Valencia, La Rioja y Castilla y León. Y aunque las comunidades del PSOE cerraron filas con el Gobierno, lo cierto es que todas, especialmente Extremadura, expresaron que estarían encantadas si se aprobara una moratoria en la devolución.