El presidente de la Xunta compareció en el Parlamento para informar acerca de la posición de la Comunidad ante el proceso de negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.
Feijóo sustuvo que el modelo aún no está formalmente cerrado y que quedan aspectos por aclarar y cifras por discutir. Asimismo, aseguró que con el modelo propuesto por el Gobierno socialista, por primera vez se limita la solidaridad.
El presidente afirmó que estamos ante un modelo con fecha de caducidad porque no es bueno para Galicia ni para el resto de las Comunidades.
El mandatario dijo que el sistema abusa de la variable población y matizó que una población vieja o dispersa sólo incrementa los costes de prestación de los servicios.
Feijóo recordó que aunque el Ejecutivo autonómico pidió la consideración de los gallegos en el exterior como población protegida o la creación de un fondo adicional con el objeto de financiar los costes asociados a esta población, el Gobierno central se negó de plano a asumir esta demanda de Galicia. “Galicia tiene derecho a que se computen las 380.000 personas susceptibles de recibir servicios y que viven a excepción de Galicia”, reiteró. Feijóo afirmó que la postura adoptada de la abstención fue un acto de responsabilidad y un acto de lealtad con el acuerdo conseguido por unanimidad en el pleno del 9 de junio.
El presidente mantuvo su compromiso con el mandato en la Cámara gallega aprobado el 9 de junio e hizo un llamamiento al compromiso y a la coherencia a los grupos parlamentarios para que descarten posiciones partidistas en este asunto y se comprometan en serio con Galicia.
Galicia tendrá que devolver 1.900 millones
El presidente de la Xunta desveló que Galicia tendrá que devolver al Estado en cuatro anualidades 1.900 millones de euros de las liquidaciones del 2008 y el 2009, correspondiente a la diferencia entre los ingresos del Estado, a la baja, y la estimación que habían hecho tanto el Gobierno como la propia Xunta. Algo más de 600 millones son del ejercicio del 2008 y el resto, del 2009. Con este escenario, Feijoo argumentó que no podía negarse a recibir “654 millones, aunque que resulten insuficientes”.