La Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (Feaer) considera que «ha existido una desastrosa planificación» en el proceso abierto para que los emigrantes retornados pudiesen regularizar las pensiones provenientes del extranjero. Además, afirman que desde el Ministerio de Hacienda no ha existido «ninguna sensibilidad hacia el colectivo, sintiéndose desasistidos, desprotegidos, recibiendo un trato discriminatorio con referencia a los pensionistas nacionales».
Por ese motivo, afirma la presidenta de Feaer, Eva Mª Foncubierta, «no admitimos bajo ningún concepto que se siga diciendo que se ha concedido una amnistía fiscal al colectivo de pensionistas emigrantes retornados, ya que en ningún caso ha sido así, ya que han tenido que asumir un error de información de la Agencia Tributaria del que en ningún caso son ellos culpables».
Además, Foncubierta ha anunciado que Feaer promoverá un cambio en la normativa que afecta a este colectivo. «Estamos iniciando una ronda de contactos con los líderes políticos con idea de establecer un posible cambio en la Ley Fiscal de forma que las pensiones procedentes del extranjero tengan un tratamiento especial. Queremos establecer diferentes compromisos electorales ya que consideramos que existen aspectos que se podrían solucionar, únicamente con un poco de sensibilidad y voluntad política», afirma en un comunicado.
Desde Feaer indican que uno de los problemas con los que se encuentran quienes van a regularizar las pensiones del extranjero es la falta de flexibilidad de la Agencia Tributaria para facilitar los pagos. «Desde un principio las asociaciones de retornados solicitamos un mayor número de aplazamientos para poder hacer frente a una regularización fiscal de cuatro años retroactivos más el año fiscal en curso. Como cabía imaginar, la suma de las cuantías resultantes de tantos periodos fiscales, resultaba ser descomunal para la maltrecha economía de nuestros pensionistas».
Por este motivo la Federació siempre entendió que «una regularización extraordinaria necesitaba de un aplazamiento extraordinario» pero en ningún momento Hacienda ha contemplado un fraccionamiento de deuda distinto al que se le concede a cualquier otro contribuyente sin avales, no más de 18 meses y siempre con unos intereses de entorno al 5 %. «Nos prometieron un estudio pormenorizado de cada caso y una sensibilidad especial para con el colectivo. Ni una cosa, ni la otra. No tenemos constancia de que se haya concedido un fraccionamiento mayor, aún cuando obra en nuestro poder documentos de aplazamientos concedidos meses antes del periodo fiscal extraordinario de hasta 60 meses», señala la presidenta de Feaer.
Otro de los asuntos que echan en cara al Ministerio de Hacienda es que en ningún momento haya admitido y aplicado con carácter general las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia que dan como exentas las rentas procedentes de los organismos de pensiones alemanes hasta el 2013. «La Agencia Tributaria admite a trámite la excepción cuando es solicitada de forma individual y con sentencia favorable de un Tribunal. Sin otro motivo que el afán de recaudar, la AEAT obvia elevar el caso al Tribunal Supremo, un hecho que resultaría beneficioso para miles los retornados y poco lucrativo para las arcas del Estado».
Además, un tercer aspecto es el caos en la homologación de pensiones de invalidez de otros países. Desde la Federación se recuerda que «no se ha acometido de forma reglada y no se ha facilitado esta acción. Los afectados, carentes de una certificación de homologación del INSS, en la mayoría de los casos han tenido que declarar las pensiones de invalidez como si de pensiones de jubilación se tratara, sin poder acogerse por ello a las reducciones fiscales contempladas en la Ley Tributaria española. Al colectivo de retornados se nos ha aplicado con extrema rigurosidad el gravamen contemplado, pero en pocas opciones hemos tenido oportunidad de vernos favorecidos de las excepciones».
Por último, desde Feaer indican que se empiezan a observar los primeros efectos colaterales de la regularización. Muchos retornados tienen derecho y perciben una pensión mínima de jubilación del Estado español. Estas pensiones no suelen llegar al mínimo contemplado por la Seguridad Social y en la mayor parte de los casos se les concede un complemento a mínimos. Ahora, al regularizar las pensiones la Seguridad Social contabiliza como efectivos los ingresos procedentes del extranjero, y esos complementos están siendo revisados y anulados, solicitándose la devolución retroactiva de las cantidades que ahora se entienden como indebidamente cobradas. «Esto supone que el retornado vea reducida sustancialmente su pensión española y tenga que enfrentarse a la devolución de muchos miles de euros en el mismo periodo de tiempo que están abonando el aplazamiento concedido por Hacienda. La cuantía de sumar el aplazamiento de Hacienda y el de la Seguridad Social, en muchos casos supera los ingresos familiares mensuales. Por este motivo han tenido que acudir a entidades de crédito a refinanciar las deudas», señala Foncubierta.