Antón especificó que más de 236 millones, 100 millones más que en 2010 (+73,66%), se consignan para servicios sociales básicos e integración social, otros 124 millones para atención a personas con discapacidad y 198 millones para atención a personas mayores, fundamentalmente a la financiación de plazas residenciales para mayores dependientes. Además, se dispone de 159 millones para hacer frente al pago de pensiones y prestaciones individuales, así como para afrontar la Renta Garantizada de Ciudadanía, un nuevo derecho contemplado en el Estatuto de Autonomía para el que se destinarán 27 millones.