Del total, el 76% son en el medio rural.
Las nuevas 1.045 plazas públicas suponen un coste anual de 17,8 millones y lo que se pretende es integrar la atención a la dependencia en los servicios sociales desde la colaboración entre lo público y lo privado. En el acceso a dicho plazas, tienen prioridad las casi 600 personas con mayor grado de dependencia de la Comunidad, y, con su puesta en marcha, Castilla y León incrementa su índice de cobertura de plazas públicas, pasando del 2,15 al 2,44%, muy superior a la media nacional, que es el de 1,88 por ciento. Además, Castilla y León es la Comunidad con mayor índice de cobertura de plazas totales del conjunto nacional, el 6,56 por ciento, más de dos puntos sobre la media del país. También, se sitúa por encima del cinco por ciento que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
El consejero de Familia e Igualdad de oportunidades, César Antón, explicó que se cumple así con el compromiso que se adquiriera con estas personas en la presentación del proyecto ‘Calidad y recursos en los Servicios Sociales de Castilla y León’. “Hoy lo hemos cumplido, acercando las plazas a su entorno familiar y a su territorio” aseguró.
Además, resaltó que el hecho de que la mayor parte de las nuevas plazas se encuentren en el medio rural. En concreto, el 76%, unas 789 plazas, se encuentran en zonas rurales cumpliendo así con el compromiso del presidente de la Junta para dotar a todos los ciudadanos de la Comunidad, independiente de dónde vivan, de los servicios necesarios para mejorar su calidad de vida. También, resaltó Antón, que se fomenta el empleo en dos sectores “sensibles”, el medio rural y las mujeres.
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14,2 millones para la Ley de Dependencia
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El Consejo de Gobierno decidió destinar una partida de 14,2 millones de euros para el refuerzo de la atención a las personas en situación de dependencia de Castilla y León, una dotación económica que vendrá a paliar las escasez de recursos que, según la Junta, destina el gobierno central a su desarrollo. En concreto se destinarán 4.1 millones de euros a reforzar el personal de los servicios sociales de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y de las diputaciones. La segunda partida de 10,1 millones servirá para cofinanciar los servicios sociales y prestaciones de las corporaciones locales. De esta forma, la Junta amplía su aportación económica en más de un 17% respecto a 2007, lo que se traduce en 91,7 millones para 2008.