El ahorro de costes se impone también en el ámbito de la diplomacia. Y ése es el objetivo del anteproyecto de Ley del Servicio Exterior que prepara en estos momentos el Gobierno, con la intención de que la red de oficinas comerciales que España tiene en el extranjero se integren físicamente en las embajadas tanto como sea posible.
La futura normativa del Ministerio de Asuntoes Exteriores apunta también a cambios en las delegaciones de este tipo que tienen las comunidades autónomas repartidas por el mundo. Les espera en principio el mismo camino, que pasen a compartir emplazamiento como las estatales, una medida que Galicia y La Rioja ya iniciaron.
Al menos en el caso de las delegaciones que representan al conjunto del país, la ley apunta a que los consejeros pasen a depender a efectos administrativos y funcionales del embajador correspondiente, independientemente de que sigan orgánicamente ligados al Ministerio de Economía, al que reportarán sobre sus funciones. Una posibilidad que se ha encontrado con la oposición del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, según apuntan fuentes diplomáticas, en desacuerdo con perder independencia y poder adquisitivo si su salario se equipara con el del personal diplomático. Hay casos de jefes de oficinas comerciales que cobran un 20% más que los embajadores, según insisten las mismas fuentes.
Las críticas se repiten entre el propio equipo diplomático, que se queja de que el departamento que dirige José Manuel García-Margallo prepara la normativa sin consultarles. El ministro defiende la eliminación de duplicidades. De ahí su decisión de cerrar las embajadas de Yemen y Zimbaue y sustituir sus funciones con la presencia de un diplomático destacado de la Unión Europea.