Exigen al Gobierno que cumpla sus compromisos para solucionar los casos de expropiaciones

“Vinimos a plantear que no se están cumpliendo los compromisos adquiridos por el Gobierno español. Exigimos garantías”, aseguró Barbero. “Muchos de los afectados se encuentran en una situación crítica, muy preocupante e incluso de miseria, en algunos casos. Nos prometieron que se nos iba a pagar de inmediato, pero no fue así y la situación es cada día peor. Incluso, en el caso de algunas personas, está peligrando su vida”, explicó el presidente de la Feceve.
Una de las principales quejas de los ciudadanos afectados tiene que ver con el incumplimiento de la promesa de las autoridades españolas de que la representación española en la Comisión hispano-venezolana designada para solucionar cada caso de expropiación y las correspondientes indemnizaciones debía incluir a uno de los afectados. “Sin embargo, esto no ocurrió”, asegura Barbero.
El documento fue entregado en la Casa Real dirigido al Rey Juan Carlos; en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a Miguel Ángel Moratinos; en el Senado, a su presidente, y a Dionisio García; y en Moncloa, al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. En el Congreso, el texto también se hizo llegar a presidentes y portavoces de todos los partidos, incluidos los bloques mixtos. Además, el documento se entregó en las sedes del Partido Socialista y del Partido Popular, en el primer caso a nombre de Leire Patín y Manuel Cháves, en tanto en el segundo se dirigió a María Dolores de Cospedal.
Según explicó Barbero a España Exterior, el senador Dionisio García fue la única persona que los recibió. En la reunión que mantuvieron el senador mostró todo su apoyo a la comitiva, así como el de su partido, que plantea distintas opciones para el pago por las tierras expropiadas. García manifestó que va a ayudar a presionar al Gobierno para obtener resultados en la negociación por las indemnizaciones correspondientes a las expropiaciones.
En ese sentido, Barbero criticó que la representación española en la Comisión designada para estudiar cada caso de invasión no haya tomado en cuenta las expropiaciones de propiedades industriales sino solamente las de tierras agrícola. “Son más de 220 los casos denunciados ante el Consulado General de España en Venezuela, pero aún son más los afectados, ya que hay gente que no ha querido denunciar”, manifestó Barbero.