Alemania, Francia e Italia no apoyaron la propuesta, sí España, que establece como norma común un máximo de seis meses para las detenciones de extranjeros sin permiso en su territorio.
En Bruselas tuvo lugar una nueva reunión del Comité de Representantes Permanentes del Consejo europeo (Coreper), que debía aprobar la primera lectura de la Directiva con sus respectivas enmiendas. El ponente, Manfred Weber, señaló que en este momento existen 27 políticas para enfrentarse a casos de inmigración ilegal, una por cada país miembro. No hay normas o procedimientos comunes a todos los estados asociados, y esto es grave si se tiene en cuenta que algunos de ellos no han fijado topes para los periodos de encierro de los inmigrantes que han infringido las normas administrativas de permanencia en el territorio europeo, pudiendo ser detenidos indefinidamente.
La propuesta de Weber establecía el máximo de tiempo en que se puede detener a un ilegal en seis meses, pudiendo este período ser ampliado a 18 meses en caso de ‘amenaza probada’ a la seguridad o para aquellos casos en que el país tercero no coopera para proceder al retorno de la persona. Hasta ahora, España compartía con Italia un máximo de 40 días para la detención en centros de internamiento de inmigrantes, mientras que Francia lo había fijado en 28.
Los otros tres aspectos principales que define la directiva son establecer un período de retorno voluntario, definir el tiempo que debe transcurrir hasta la readmisión de una persona que ha sido expulsada -tema de gran importancia por su relación con las reagrupaciones familiares-, y establecer los recursos y garantías para proteger los derechos de las personas más desprotegidas, como menores, ancianos, embarazadas, etc.
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El Gobierno apuesta por ampliar los plazos
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El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que el Gobierno pretende aumentar los plazos de internamiento de los extranjeros indocumentados, que está establecido en 40 días y que la directiva europea sobre inmigración ilegal que los Veintisiete intentan poner en marcha permitía ampliar hasta los seis meses. Rubalcaba explicó que esta directiva -que sigue en tramitación en la Cámara- pretende que los estados miembros se pongan de acuerdo “sobre unos mínimos” en inmigración y defendió que hay que ser duros con la inmigración ilegal. “Si somos laxos, primero potenciamos las mafias, y, segundo, esa avalancha no hay quien la pare”, dijo.