El presidente Juan Vicente Herrera, que ostenta la Jefatura de la Delegación de España ante este organismo, defendió el documento que recoge finalmente 25 recomendaciones ya que se completó con 27 enmiendas. Ésta es la primera ocasión en la que un presidente de un gobierno autonómico plantea una iniciativa como ésta en el seno de las instituciones europeas.
Herrera expuso que se trata de un dictamen que apela a la “cercanía” de los entes locales para prestar una “atención integral” y apostó por la “sensibilización” a través de la educación y los medios de comunicación, la “prevención”, la atención integral para las víctimas, incluyendo a la infancia y la coordinación de las instituciones para trabajar en la eliminación de la violencia machista. De todas las recomendaciones que recoge el texto, Herrera destacó la que propone la creación de un observatorio contra la violencia hacia la mujer. Este órgano, según explicó, debería operar en el marco del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, creado para fomentar y coordinar las medidas adoptadas en esta materia a través de redes activas. “Es una buena aportación institucional”, apostilló el jefe del Ejecutivo autonómico.
Recomendaciones
El dictamen incluye medidas para sensibilizar, prevenir, atender y poner en marcha mecanismos de colaboración y de coordinación institucional que mejoren el seguimiento y la atención a las víctimas. Entre ellas, destaca la necesidad de aumentar las medidas de protección y seguridad de quienes padecen este tipo de violencia y, al tiempo, las acciones de formación y de preparación de quienes están involucrados profesionalmente en este problema, ya sean sanitarios, educadores, jueces o cualquier otro.
El documento define de igual forma las medidas dirigidas al conjunto de los residentes en la UE, para que aumente su sensibilización frente a esta lacra y se obtenga una mayor implicación en la búsqueda de soluciones. De esta forma, se propone reforzar la educación en la igualdad de oportunidades en las escuelas y el respeto por las diferencias, también se sugiere la puesta en marcha de campañas contra malos tratos o la promoción de programas específicos de carácter terapéutico para los agresores. Otra de las iniciativas recomienda la organización de programas de integración sociolaboral de las víctimas de malos tratos y su seguimiento psicosanitario.