Se trata, como avanzó el ministro de Economía, Luis de Guindos, de un adelanto urgente de la ayuda y que se destinará a las entidades más débiles: Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia Banco. El memorando de entendimiento –el contrato que incluye las cláusulas del rescate– se firmará el 20 de julio. A partir de entonces las entidades tendrán a su disposición un rescate exprés. El monto total de la asistencia financiera -que puede alcanzar hasta 100.000 millones de euros- sólo se determinará a finales de septiembre.
De acuerdo con el memorando de entendimiento (el MoU, memorandum of understanding), el vencimiento de los préstamos, que se transferirán en varios tramos, tendrá una media de 12,5 años y un máximo de 15 años. Por ahora, las ayudas europeas se harán como estaba previsto a través del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) y por tanto contabilizarán como deuda pública. España se podrá beneficiar de la recapitalización directa en cuanto se ponga en marcha un supervisor bancario europeo y que, una vez que se opte por esa vía, el Estado ya no tendrá que garantizar los préstamos a los bancos.
El contrato del rescate, de veinte páginas, incluye requisitos tanto a las entidades que vayan a necesitar ayuda como para las que no. Por ejemplo, se aplicará la «segregación de activos» en aquellos bancos que reciban ayuda pública en compañías específicas de gestión de activos, inmobiliarios en este caso, es decir se creará un «banco malo». Todas las entidades tendrán que cumplir con el requisito de contar con el 9 % de capital de máxima calidad, como ya hacen las más grandes.
Asimismo, Europa exige que España cumpla plenamente con sus compromisos bajo el procedimiento por déficit excesivo y las recomendaciones para corregir los desequilibrios macroeconómicos. Es decir, que el gobierno de Mariano Rajoy se verá obligado a subir el IVA, eliminar la deducción por vivienda, rebajar la imposición sobre el trabajo y cumplir con otras posibles futuras recomendaciones de Bruselas a cambio del dinero.
España no tendrá que rebajar este año su déficit hasta el 5,3 %, como estaba inicialmente previsto, sino que bastará con que se sitúe en el 6,3 %. En 2013, el déficit tendría que bajar hasta un 4,5 %, para disminuir, finalmente, hasta un 2,8 % en 2014. A cambio, el Ejecutivo deberá adoptar «sin demora» medidas de austeridad adicionales en 2012. Los socios europeos dan a España un plazo de «tres meses para que el Gobierno adopte medidas eficaces» y evaluarán cada trimestre los progresos del país en la reducción del déficit.
El Gobierno de España pierde competencias
Bruselas condiciona la ayuda pública a que el Ministerio de Economía, y Luis de Guindos por extensión, pierda competencias en detrimento del Banco de España. El regulador, que preside Luis María Linde, estará tutelado a su vez por el Banco Central Europeo (BCE).
El Ejecutivo comunitario exige que «Las autoridades españolas transferirán los poderes de sanción y concesión de licencia bancaria del Ministerio de Economía al Banco de España». Y el mandato no se queda ahí, ya que incluso estipula cuándo debe ejecutarse. Será «antes del 31 de diciembre» de este año.
El memorando obliga al Estado a acometer en noviembre «medidas para reforzar el gobierno corporativo de las cajas» y a introducir requisitos de «incompatibilidad» que impidan a los gestores de cajas tener puestos de responsabilidad en los bancos controlados por estas entidades.