Esto incluye a los pensionistas españoles residentes en alguno de estos países que perciben una pensión de los mismos. La Sentencia Nikula adoptada por el Tribunal de Justicia. Europeo en el año 2005 permite a estos estados, a la hora de aplicar la cuota sanitaria, tomar en cuenta también la pensión que los pensionistas españoles o de otro estado perciban de otros países, salvo en el caso de que haya cotizado anteriormente a efectos de asistencia sanitaria, ya que en otro caso se produciría una doble imposición.
La Seguridad Social española sostiene que en nuestro sistema de protección social los pensionistas ya cotizaron durante su vida activa lo necesario para garantizar de por vida su asistencia sanitaria, posición que ha venido defendiendo en los distintos foros comunitarios en que se ha venido tratando esta cuestión. No obstante, la interpretación por los países de cómo aplicar esta Sentencia está encontrando algunas dificultades de consenso.
El tema ha surgido de nuevo recientemente en el marco de los trabajos del nuevo Reglamento de coordinación de legislaciones en materia de Seguridad Social (reglamento de aplicación del Reglamento Comunitario 883/2004), dentro de las disposiciones dedicadas a las prestaciones sanitarias, en las que se quieren incorporar las consecuencia de sentencia Nikula, si bien sólo existe consenso respecto de los aspectos no controvertidos.
En la última reunión preparatoria del Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales (EPSSC), celebrada el pasado 16 de mayo en Bruselas, los estados miembros de la UE alcanzaron un acuerdo, tras superar las últimas reservas pendientes, para la presentación al Consejo de Ministros de finales de mes, del capitulo de prestaciones por enfermedad del reglamento de aplicación del Reglamento 883/2004.
En este punto, la Delegación española en Bruselas, en aras del consenso necesario sobre el conjunto del nuevo Reglamento, ha aceptado la propuesta que ha alcanzado mayor consenso sobre cómo reflejar la sentencia Nikula, pero se reserva el derecho de apoyar las reivindicaciones de los pensionistas españoles afectados.
Además, ha incluido una declaración anexa a la propuesta, por la que la Seguridad Social española se compromete a asumir y transferir directamente las cantidades correspondientes, para evitar perjuicios económicos a los pensionistas españoles, cuando los estados firmantes empiecen a aplicar sobre las pensiones abonadas por España los correspondientes descuentos.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social cifra en 36.430 los pensionistas españoles residentes en uno de los estados indicados que también perciben pensión de España y que podrían verse afectados por este cambio. No existe constancia, por el momento, de que las citadas reducciones se hayan empezado a aplicar.