Esta iniciativa será llevada al Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebrará este otoño y podría beneficiar a todos los españoles que trabajan en el exterior. Según el INE, en los países pertenecientes a la Unión Europea residen, a 1 de agosto de 2006, un total de 336.462 españoles.
El conselleiro de Traballo de la Xunta de Galicia, Ricardo Varela, en representación de las 17 Comunidades Autónomas, además de Ceuta y Melilla, defendió en Bruselas la propuesta de Directiva para el mantenimiento de las pensiones complementarias de los trabajadores que se desplazan, una normativa que será llevada al Consejo de Ministros de este otoño.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hay 336.462 españoles que residen en países de la Unión Europea. La aprobación de esta directiva es de vital importancia para Galicia toda vez que hay 50.000 gallegos trabajando en otros países de la Unión Europea. De salir adelante la propuesta los emigrantes podrían retornar a España a trabajar sin perder lo que llevan cotizado con su actual empresa.
La propuesta parte del principio de que las cotizaciones a un régimen complementario de pensión, sufragado bien por el propio trabajador, bien por la empresa en nombre de su empleado, no se deben perder en caso de movilidad laboral a nivel nacional o transnacional, incluso cuando dichas cotizaciones aun no supongan derecho a pago de una futura pensión. El objetivo es potenciar la libre circulación en una época de cambio de la evolución demográfica.
En la reunión de celebrada en Bruselas se avanzó, por una parte, en las normas armonizadoras sobre las condiciones de adquisición de las pensiones complementarias. Se trata de fijar una edad mínima de 21 años para poder acceder a las prestaciones; de establecer un período de espera en la empresa de un año como máximo para la afiliación al régimen complementario, y fijar la consideración de un período de dos años para la adquisición de los derechos.
Y, por otra parte, en los aspectos coordinadores para mantener los derechos adquiridos y garantizar su transmisión. Es decir, la propuesta de Directiva pretende que los trabajadores que cesen su actividad laboral en una empresa no queden castigados por cualquiera de los regímenes que intervienen en la transferencia. Al mismo tiempo, quiere garantizar el traspaso del capital y, en su caso, su integración en un nuevo régimen complementario.
La posición española es muy favorable la esta directiva que facilitará la libre circulación de trabajadores y la consolidación del mercado interior.