Envían un nuevo manifiesto a los líderes políticos para evitar que se apruebe la reforma de la Ley Electoral

Miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCE), de los consejos de comunidades de Andalucía, Extremadura y Valencia, y de los Consejos de Residentes Españoles han lanzado un nuevo manifiesto para defender los derechos constitucionales de los 2 millones de españoles que viven fuera de las fronteras españolas y que se ven amenazados por la proposición de reforma de la Ley Electoral que actualmente está en fase de discusión en el Senado.
Este nuevo documento, que ha sido promovido por la Plataforma contra la Privación del Derecho de Voto de los Españoles en el Exterior, se dirige al presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, a Artur Mas, secretario general de Convergencia i Unió, y a Íñigo Urkullu, presidente del Partido Nacionalista Vasco, como principales responsables de los partidos que han tomado la iniciativa de esta proposición parlamentaria.
Los firmantes apelan a los líderes políticos para que retiren de su proposición de Ley de reforma de la Loreg, actualmente en trámite parlamentario, las disposiciones que prevén la prohibición del voto de los españoles residente en el exterior en las elecciones municipales y la instauración del voto rogado en el resto de los comicios.
Los firmantes del documento también apelan a la responsabilidad individual de todos y cada uno de los diputados y senadores, para que se oponga con su sufragio a las mencionadas disposiciones que, según afirman los promotores de este manifiesto, “rebajarían el grado de democracia en España a cotas inaceptables al privar a una parte del pueblo español del derecho de voto activo y pasivo, solamente por el hecho de residir fuera de España o por haberse visto obligado a emigrar”.
En el manifiesto también recuerdan que en la Constitución reconoce a los españoles residentes en el exterior el derecho a mantener sus vínculos sociales, culturales, políticos y ciudadanos con España, y el derecho fundamental a retornar e reinsertarse en las mejores condiciones en la sociedad española.