La Coordinadora Nacional Gallega de Emigrantes Retornados se manifestó el martes 15 de octubre antes el Parlamento de Galicia -donde se celebrara el debate sobre el estado de la autonomía- para protestar contra los expedientes de la Agencia Tributaria por los que se reclama a miles de personas de este colectivo que no tributaron por las pensiones entre los años 2008 y 2012 por considerarla «sádica y que los criminaliza».
Uno de los coordinadores de esta plataforma, Xosé Lois Leirós, denunció que el Ministerio de Hacienda los «criminaliza» y los trata de «defraudadores». «Nos dice delincuentes y eso no se lo permitimos al señor Montoro ni a nadie», ha destacado Leirós. A su juicio, esta medida «es de una dimensión enorme» pese a que desde el Gobierno, indicó, opinen que se trata de un problema «de cuatro viejos marineros».
«Se equivocan», continuó, pues afecta a 250.000 pensionistas en Galicia y a 700.000 en el resto de España, lo que supone «cerca de un millón de personas» emigrantes en países europeos como «Alemania y Suiza la mayoría».
Otro de los coordinadores de la plataforma, Manuel Domínguez, expuso que la finalidad de la protesta ante el parlamento es que se «eliminen estas sanciones abusivas», ya que según la plataforma no es «ni justa, ni lógica», por lo que avanzó que recurrirán a «Estrasburgo o a donde haga falta».
También denunciaron el trato de favor que, según ellos, reciben los evasores fiscales a quienes «les mandan cartas casi cariñosas con amnistías fiscales e igual ni devuelven el dinero, y las nuestras son agresivas, pagas sí o sí».
Leirós apuntó que, en su opinión, esta medida «seguramente tenga que ver con las demás estafas que se producen en el Estado español, como las preferentes y los desahucios».
En relación a esta protesta ante el Parlamento, el grupo Alternativa Galega de Esquerda criticó a través de un comunicado la detención de una de las personas que participaban en la protesta por considerar que se trató de un acto de «represión» que «ejerce el Partido Popular tanto fuera como dentro» de la Cámara autonómica.
Para el grupo liderado por Xosé Manuel Beiras, fue «un vergonzoso e inaceptable intento de silenciar a la ciudadanía cuando trata de reivindicar sus derechos y ejerce su derecho constitucional de manifestación».
Está previsto que el próximo 29 de octubre las diferentes asociaciones y entidades que agrupen al colectivo se manifiesten en Madrid ante el Congreso de los Diputados.