Alrededor de dos centenares de emigrantes retornados a los que la Agencia Tributaria les requiere que declaren las pensiones que han recibido del extranjero desde 2008 se concentraron el lunes 1 de julio ante la Delegación de la Agencia Tributaria en Pontevedra para reclamar una solución a su caso.
Hacienda no solo está reclamando a estos retornados que se pongan al día sino que abonen la sanción correspondiente por no haberlo hecho a su debido tiempo. No se sabe con exactitud cuántas personas han recibido el requerimiento de la Agencia Tributaria en toda España per en Galicia podrían ser miles.
La portavoz de los manifestants, Maruja Álvarez, en declaraciones a los medios indicó que la cuantía media que se les reclama es de entre 2.000 y 2.500 euros anuales desde el año 2008 por lo que la cantiadad total, sumadas la deuda más los intereses y las sanciones podría oscilar entre los 15.000 y los 20.000 euros.
Álvarez indicó que ya se han reunido con parlamentarios de los cuatro partidos de la Cámara gallega y que también se ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados.
En las pancarta mostrada en la manifestación del lunes 1 de julio podía leerse el lema ‘Somos pensionistas, non defraudadores’ y se no se alcanza una solución Maruja Álvarez promete más movilizaciones. Por ahora los representantes de los afectados en las distintas comarcas pontevedresas se reunirán el sábado 6 de julio para organizar las actuaciones a llevar a cabo.
Parlamentarios con el delegado de la Agencia Tributaria en Galicia
Por otro lado, el portavoz socialista en el Parlamento gallego, Abel Losada, y la parlamentaria, Marisol Soneira, se reunieron el viernes 28 de junio con el delegado de la Agencia Tributaria en Galicia, José Luis Rodríguez Díaz, para trasladarle la preocupación de los socialistas gallegos por cómo se está desarrollando la campaña de inspección sobre los pensionistas que perciben una prestación del extranjero, además de la española.
Losada y Soneira exigieron al responsable de la Agencia Tributaria en Galicia que se «homogeneicen los criterios de presentación» de las declaraciones para estos pensionistas, ya que, los afectados trasladaron a los socialistas que perciben información diferente según las delegaciones visitadas.
También pidieron a Rodríguez Díaz que, de tener que presentarse alguna declaración complementaria, esta se pueda pagar en un plazo mayor al propuesto por Hacienda, que es de 18 meses para devoluciones que pueden llegar hasta los 15.000 euros, en algunos casos. Los socialistas consideran necesario tener en cuenta que estos pensionistas se han convertido en muchos casos en la única fuente de ingresos de sus familias. Insistieron en que la Agencia Tributaria permita extender los plazos y hacer mensualidades más cómodas de pagar, evitando así elcolapso de estas familias.
Tanto Losada como Soneira insistieron también en la necesidad de que las declaraciones complementarias de los emigrantes no lleven implícita una sanción económica. En definitiva, que si proceda la «una regularización» en lugar de a una sanción. El cambio de denominación evitaría el cobro de multas, intereses de demora y otro tipo de sanciones, reduciendo el coste de «ponerse al día» para los pensionistas afectados.
Los socialistas justificaron esta petición alegando a Rodríguez Díaz que, si se está haciendo una inspección masiva, en la que afloran muchos casos, parece «más plausible que hubiera existido una desinformación generalizada del deber de tributar» antes que una «conspiración de pensionistas para defraudar al fisco».
Según los socialistas el delegado de la Agencia Tributaria en Galicia se mostró receptivo a las sugerencias presentadas por los parlamentarios del PSdeG e les instó a recabar más casos concretos para estudiarlos. Los socialistas se comprometieron a trasladarle toda la información que recojan de los afectados.