El Tribunal Constitucional anuló por unanimidad la consulta soberanista celebrada en Cataluña el 9 de noviembre y la ley en la que se basó la propia convocatoria, porque se trataba de un referéndum de los reservados por la Constitución para el Estado. Por otro lado, el Consell de Garanties Estatutàries concluyó que las estructuras de Estado, que CiU y ERC pactaron, son contrarias a la Constitución y no encuentran amparo en el Estatut.