La decisión de estimar las primeras recusaciones planteadas por un Gobierno en la historia del Constitucional fue adoptada con los votos a favor de Vicente Conde, Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps y la oposición de Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas, que anunciaron un voto particular discrepante, según informó el Alto Tribunal. El Gobierno los recusó por considerarlos “contaminados” para resolver el recurso contra la LOTC, después de que el pasado mes de junio manifestaran en un escrito su “más profunda discrepancia” con la reforma de esta ley.
En su escrito, los dos magistrados criticaron especialmente el artículo de esa norma que prorrogó automáticamente el mandato de la presidenta de este órgano, María Emilia Casas, adscrita a la considerada corriente progresista, cuya dimisión pidieron expresamente. Dada la actual composición del Constitucional, donde el sector progresista y el sector conservador cuenta cada uno con seis magistrados, la presidencia es especialmente importante porque este cargo lleva aparejado el voto de calidad decisivo para romper eventuales empates en las votaciones.
Así, asegurarse la mayoría en el pleno, aunque sea mediante el voto de calidad del presidente, es determinante cuando el TC debe pronunciarse en los próximos meses sobre la constitucionalidad de algunas de las leyes más significativas de la última legislatura: la del matrimonio homosexual, el Plan Hidrológico Nacional y, por supuesto, el Estatuto catalán, recurridas todas ellas por el PP.