El recurso presentado por la Junta de Extremadura menciona exclusivamente los artículos 43, 50.1.a, 50.2 y 51 del Estatuto de Autonomía andaluz por considerar que incumple la Constitución en lo relativo a las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir, que se otorga Andalucía.
La Junta de Extremadura ha recordado que su deber es defender por encima de cualquier otro factor los derechos de los ciudadanos de Extremadura, y por ello ha acudido al Tribunal Constitucional para ejercer esta defensa dentro de la más absoluta normalidad democrática, con lo que se permite que sea esta instancia judicial quien resuelva, ajustándose al mandato Constitucional, este tipo de diferencias entre dos administraciones autónomas dentro del Estado, como son Extremadura y Andalucía.