Se le exige además que acuda con autorización del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que es el que mantiene viva la orden de busca y captura por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos que se ejecutará si pisa suelo español.
Se trata de una medida cautelar previa a admitir o no a trámite el recurso presentado por el Abogado del Estado contra dos actos concretos: el anuncio de investidura realizado el pasado día 22 por el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la posterior convocatoria de un Pleno de investidura el 30 de enero para debatir la investidura del citado candidato en concreto.
En su resolución, se advierte expresamente al presidente del Parlament, Roger Torrent (de ERC), y los demás miembros de la Mesa de la Cámara de las responsabilidades, “incluidas las penales”, en las que pueden incurrir en caso de no acatar la suspensión y seguir adelante con la investidura del expresidente catalán sin los requisitos exigidos. Como ocurrió en su día con la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, encausada en el Tribunal Supremo por rebelión y malversación.
El recurso promovido por el Gobierno y anunciado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no recibió el visto bueno del Consejo de Estado pero el Ejecutivo siguió adelante por “el compromiso político” y “el deber constitucional”, según la número dos de Rajoy, de emplear todas las herramientas legales, siempre con arreglo a los procedimientos establecidos, para proteger a España, el Estado de derecho y la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña. “Como Gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que esté huido voluntariamente de la justicia, que se ha sustraído a la ley y a los tribunales, pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un Gobierno autonómico”, manifestó.
Como el TC suspende también la posibilidad del voto delegado desde el extranjero, los exconsellers Lluís Puig, Clara Ponsatí (ambos de JxC) y Meritxell Serret (ERC) -huidos en Bélgica con Puigdemont- renunciaron a sus actas de diputados para que el independentismo se asegure la mayoría absoluta en el Parlament para la investidura con los 4 diputados de la CUP, sin necesidad de los votos de los encarcelados Oriol Junqueras (ERC) y Jordi Sànchez (JxCat) y los otros dos fugados de la Justicia, Toni Comín (ERC) y Puigdemont; quien si decide volver para ser investido correría riesgo de ser detenido y encarcelado.
Todo ello tras la celebración del pleno de Constitución del Parlament, el pasado día 17, en el que se eligió a Roger Torrent como presidente de la Cámara y a los miembros de la Mesa (con mayoría de ERC y JxC) con los votos soberanistas, sin la participación de los diputados fugados a Bélgica, y la abstención de En Comú-Podem.