El Supremo confirma de esta forma las razones del auto publicado el pasado 10 de mayo, en el que considera que la operación puede causar daños “sustanciales e irreversibles” y que las veinte condiciones fijadas por el Ejecutivo no bastan para evitar los perjuicios derivados de la misma. La negativa del Alto Tribunal, que se refiere sólo a las medidas cautelares solicitadas por Endesa, era una decisión esperada en el sector, ya que la suspensión del acuerdo del Gobierno fue adoptada por los mismos magistrados el pasado 21 de abril. La decisión del Supremo fue recurrida el 18 de mayo por el Ejecutivo, a través del abogado del Estado, y por Gas Natural.
Por otro lado, la titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, Miriam Iglesias, que fue quien primero suspendió de forma cautelar la tramitación de la OPA, citó a las partes para una audiencia previa. La jueza investiga una presunta concertación previa entre Gas Natural e Iberdrola. La OPA de la compañía gasista fue autorizada el 3 de febrero por el Consejo de Ministros, que impuso veinte condiciones, trece de fondo y siete de procedimiento.
Sin embargo, su tramitación quedó paralizada en marzo por decisión de este juzgado, que supeditó la suspensión cautelar a que Endesa aportara un aval de 1.000 millones de euros para cubrir los eventuales perjuicios. La decisión de la jueza fue recurrida tanto por Gas Natural e Iberdrola como por Endesa, que reclamó una rebaja del aval.