La Audiencia Nacional, mientras, disolvió Gestoras y condenó a 21 de sus dirigentes a penas de cárcel de entre ocho y diez años.
La ilegalizaciones de estos dos partidos políticos, que se producen porque el Tribunal Supremo considera que las dos formaciones ponen sus cargos al servicio de ETA, no supondrá que salgan de sus puestos aquellos cargos electos que concurrieron a los comicios en nombre de estas formaciones. La Sala Especial del Tribunal Supremo adoptó las decisiones por unanimidad tras estimar las demandas del Gobierno y del Ministerio Fiscal y en virtud de la ley de partidos.
Al respecto de esta cuestión, el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del Partido Popular, Federico Trillo, destacó que “ahora la dificultad es ejecutar esta sentencia que quizás se dicta tarde, tras más de un año de la solicitud de ilegalización por parte del Partido Popular para evitar que ETA llegara a las instituciones”.
Señaló que “el Fiscal General del Estado decidió impugnar solamente algunas de las candidaturas de ANV y por consecuencia de esa decisión hay municipios del País Vasco y Navarra gobernados por la ya ilegalizada ANV y 437 concejales con sus actas, con el gasto que esto conlleva en sueldos, asesores, funcionarios, representación y poder”.
Aunque los concejales y alcaldes elegidos de las listas de ANV no saldrán de sus puestos, los grupos municipales no podrán recibir subvenciones y los despachos y locales en los Ayuntamientos quedarán cerrados. Además, la Abogacía del Estado estudia ahora si existe la posibilidad de que se disuelvan los 42 Ayuntamientos en los que gobierna.
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados y señaló que la decisión del Supremo demuestra en una nueva ocasión la superioridad del Estado de derecho.
“Nadie puede ni subvertirlo ni resistirse a la fuerza de la ley y de los principios democráticos”, dijo. Mientras, el presidente del PP, Mariano Rajoy, también manifestó su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo contra ANV porque “es un triunfo de la ley, de la libertad y del Estado de derecho” y destacó que su satisfacción “sería completa si ANV no hubiera estado nunca en las instituciones, si todas las listas de ANV hubieran sido impugnadas en su día por el Gobierno de España”.
En declaraciones a los medios de comunicación, Rajoy recordó que siempre pensó “que la vuelta de los terroristas a las instituciones era malo para la lucha contra el terrorismo y que uno de los principales instrumentos en la lucha contra el terrorismo era que ETA y sus apoyos no estuvieran en las instituciones beneficiándose de todos los recursos que la democracia pone a disposición de los partidos políticos”.
Por otra parte, la Audiencia disolvió Gestoras y condenó a entre ocho y diez años a 21 dirigentes. Así, según informó EFE, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó la ilicitud y disolución de Gestoras Pro Amnistía y de su sucesora Askatasuna al condenar a penas de entre ocho y diez años de cárcel a 21 de sus dirigentes por integración en ETA, entre ellos a su portavoz Juan María Olano. Tras notificar la sentencia, el tribunal, a petición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, envió a prisión a doce de los 21 condenados y ordenó la busca y captura de otro de ellos, Joseba Iñaki Reta, que no compareció a la lectura del fallo que tuvo lugar en el pabellón de la Casa de Campo en el que se celebró el juicio.
A los otros ocho condenados los dejó en libertad con comparecencias, ya que la ley establece que no deben ingresar en prisión hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación al haber cumplido en prisión preventiva la mitad de la pena impuesta.
La sentencia, que fue acordada por unanimidad de los tres magistrados que componen el tribunal -Teresa Palacios (presidenta y ponente), Juan Francisco Martel y Paloma González Pastor-, determina que Gestoras “es una organización terrorista” que establece objetivos para ETA, pero descarta que coordine las acciones de ‘kale borroka’, como se conoce la violencia callejera.