La sala de lo penal del Alto Tribunal se pronuncia así en un auto notificado en el que acuerda no admitir a trámite la querella que el sindicato Manos Limpias interpuso contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y contra varios dirigentes del PSOE y del PSE-EE, por la reunión que Patxi López y Rodolfo Ares mantuvieron con Otegi.
El Supremo dice que “vendría a ser un fraude constitucional” que alguien pretendiese “corregir la dirección de la política interior o exterior” que la Constitución encomienda al Gobierno democráticamente legitimado, y que sería “impropio” pensar que los tribunales controlan la acción del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado sometiendo a enjuiciamiento penal a sus titulares.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló respecto al auto del Tribunal Supremo que esta decisión “ha abierto un camino”. Preguntada sobre qué repercusión puede tener ese auto del Tribunal Supremo en la querella presentada por el PP contra el secretario general de los socialistas vasco, Patxi López, por reunirse el pasado mes de julio con dirigentes de Batasuna, la ministra de la Presidencia eludió pronunciarse sobre las posibles consecuencias, puesto que éstas, destacó, “las van a fijar los propios tribunales”.
Etarras absueltos
Por otra parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio a conocer tres sentencias absolutorias contra tres acusados por diferentes acciones cometidas por la banda terrorista ETA. Una de ellas absuelve a Gregorio Vicario Setién, que fue juzgado por realizar y supervisar el secuestro del industrial vasco José María Aldaya. Este terrorista tendrá que ser devuelto ahora a Francia. Las otras dos sentencias absolutorias se refieren a Miguel Guillermo San Argimiro y a José Luis Beotegi, que son absueltos de un delito de pertenencia a organización terrorista. En el primer caso, la ausencia en el juicio por el secuestro del industrial José María Aldaya de un informe pericial sobre las muestras genéticas del etarra Gregorio Vicario Setién recogidas en el zulo donde estuvo retenido, que el fiscal no aportó como prueba, obligó a la Audiencia Nacional a absolver al acusado.
Por otra parte, un sondeo del Gobierno vasco refleja la creciente preocupación de la sociedad vasca por el desarrollo del proceso para el fin de la violencia terrorista, al estimar casi el setenta por ciento que está estancado o en retroceso, en un día en el que se producían nueve ataques de violencia callejera en Vizcaya y Guipúzcoa. Además, un portavoz del Partido Socialista de Euskadi, José Antonio Pastor, reveló que el Gobierno intentó reunirse con ETA el pasado verano, pero la banda no contestó. Pastor indicó que la reunión se iba a celebrar en agosto, después de que el Congreso de los Diputados permitiera al Ejecutivo iniciar contactos con la banda.