000 serán atendidas entre 2007 y 2009. PSOE, PP e IU votaron a favor del proyecto de ley, que sólo contó con el rechazo del PNV, CiU, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai por cuestiones de índole competencial.
La iniciativa legislativa del Gobierno, que ahora será remitida para su debate y votación al Senado, se aprobó por 295 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
En el próximo año, el nuevo sistema asistirá a 200.000 ciudadanos en situación de dependencia grave y en los dos años siguientes a 373.000 dependientes severos.
El sistema tendrá una gestión descentralizada, se implantará de 2007 a 2015, y su financiación recaerá en las comunidades autónomas, Administración Central y usuarios.
Un baremo determinará el tipo de prestación a la que tiene derecho cada persona -en función de su nivel de dependencia- y habrá un catálogo nacional de prestaciones mínimas.
La ley establece tres grados de dependencia: grado 1 (moderada), cuando la persona necesita ayuda para hacer actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día; grado 2 (severa), cuando necesita ayuda dos o tres veces al día, pero no requiere presencia permanente de un cuidador; y grado 3 (gran dependencia), cuando por su total pérdida de autonomía física o mental necesita la presencia indispensable y continua de otra persona.
La ley pretende que las personas permanezcan en su entorno el mayor tiempo posible, con prestaciones como la ayuda a domicilio o los centros de día; aunque también habrá plazas de residencia de carácter permanente para discapacitados físicos y psíquicos.
También contempla las ayudas a los cuidadores familiares (no profesionalizados), que podrán percibir una prestación económica y tendrán que darse de alta en la Seguridad Social.
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Caldera niega que el proyecto invada competencias autonómicas
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El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, garantizó que la ley de dependencia no invade las competencias autonómicas e invitó a CiU, PNV y Grupo Mixto a apoyar la iniciativa en lo que resta de su trámite parlamentario.
Caldera, que intervino en el Pleno del Congreso para defender la ley de dependencia antes de su votación para su envío al Senado, señaló que la ley no supone “despojar de sus competencias a nadie”, ya que las CCAA ejercen su competencia en servicios sociales, y el Estado, en garantizar “un mínimo” estándar de igualdad de las prestaciones y servicios en todo el territorio español.