El Senado no quiere instar al Gobierno a que proteste por la invasión de fincas en Venezuela

La Cámara Alta rechazó una propuesta del Partido Popular en este sentido

El senador del PNV Iñaki Anasagasti ofreció un texto alternativo, aceptado por CiU y CC, en el que se pedía al embajador español en Caracas, Raúl Morodo, que se personara en el lugar de los hechos, se preocupara por la situación de los afectados y, “si hay caso”, protestase formalmente por este “expolio inaceptable”, pero el PP se negó a “otorgar un nuevo voto de confianza” a este diplomático.
El senador socialista José Castro lamentó que el PP hubiera sido el único grupo que rechazó un texto de consenso propuesto por el PSOE, cuya enmienda inicial instaba al Ejecutivo a exigir a Venezuela la “protección de los bienes” y “la integridad física” de los españoles, así como a “facilitar la negociación” para alcanzar “un acuerdo satisfactorio”.
Según la moción defendida por el senador del PP Dionisio García Carnero, el Senado debía reclamar al Gobierno que presentara “de forma inmediata” una protesta formal ante el Ejecutivo de Chávez, “solicitando la devolución de las tierras invadidas y la indemnización económica por los bienes destruidos y daños causados a ciudadanos españoles”.
Exigencias
El PP deseaba además que el Gobierno de Zapatero exigiera al venezolano “la efectiva protección de las personas y los bienes que están siendo objeto de extorsión, amenazas e invasiones” y que prestara “la asistencia jurídica y económica necesaria a los afectados” ante los tribunales de Venezuela y, “si fuera preciso”, también ante los internacionales.
García Carnero afirmó que más de 200 familias viven amedrentadas y más de 4.000 hectáreas han sido invadidas hasta ahora por estos ocupantes de tierras, con la “connivencia y el beneplácito” del Gobierno de Chávez, mientras el Ejecutivo español tardó “diez meses” en reaccionar y “todo lo que ha hecho hasta ahora ha sido infructuoso y desastroso”.
Coalición Canaria rechazó en el Senado la moción firmada por el grupo Popular debido a que la misma “podría generar un conflicto diplomático con graves consecuencias para los españoles afectados por las expropiaciones” y, sobre todo, “porque únicamente han pretendido avivar el enfrentamiento político con el Gobierno”.
Los senadores de CC han anunciado que en el próximo pleno presentarán una moción junto a otros grupos parlamentarios en la que instarán al Gobierno a que “ordene al embajador de España en Venezuela a que visite con carácter inmediato a los ciudadanos españoles afectados”.