Según una nota de prensa del PSdeG-PSOE del pasado 30 de agosto tras la reunión en el Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia, la portavoz de Políticas Sociales del Grupo Socialista, Carmen Gallego, explicó que la reunión sirvió para conocer las demandas de estos afectados, que podrían llegar a 20.000 pensionistas, y de los que Hacienda ya reconoció que había recaudado, de marzo a junio de este año, 3 millones de euros a través de la reclamación del IRPF de 2008 hasta la fecha por tener dos pagadores. Los usuarios no habían hecho esta declaración por absoluta desinformación o mala información respecto al deber de declarar la pensión del extranjero, en algunos casos incluso desde las propias administraciones.
Los parlamentarios socialistas se comprometieron a trasladar las demandas de las plataformas de afectados a los distintos foros donde ostentan representación con el fin de parar esta campaña. “Se está tratamdo a estos jubilados como si fueran delincuentes fiscales”, recriminó Gallego al Gobierno, “cuando lo único que debía hacer es darles información para regular su situación, que si es legal es absolutamente inmoral”, concluyó la diputada del PSdeG.
Los afectados
Censuró Gallego que los populares desde el Gobierno traten de este modo a los pensionistas emigrantes, “que en su día tuvieron que salir del país para buscarse la vida y traer dinero para Galicia”, al tiempo que se “hacen amnistías fiscales a los verdaderos delincuentes fiscales fiscales”.
Maruchi Álvarez, de la Plataforma de Afectados do Morrazo, explicó que la principal demanda reside en la eliminación de la obligación de declarar por tener dos pagadores “porque es una discriminación absoluta” y revisar el límite de ingresos que les impone Hacienda.
Destacó la importancia de la presencia del europarlamentario del PSdeG en la reunión pues consideran los afectados que “Europa debe saber cómo nos trata el Estado español a los pensionistas”. Álvarez acusó al Gobierno de no aplicar la ley adecuadamente: “Se nos está haciendo pagar por una situación económica de la que no somos responsables”, dijo. La solución debe ser “política”, afirmó Álvarez, por eso se reúnen con los grupos políticos y, por otra parte “social”. La portavoz de los afectados adelantó que la constitución de grupos de trabajo y asociaciones está haciendo recular a Hacienda, que “están reconociendo que se están equivocando”, y comienzan a dejar de emitir las comunicaciones de sanción.
Carmen Gallego y Maruchi Álvarez insistieron en la necesidad de concienciar a los pensionistas afectados de que “no hicieron nada ilegal”, afirma Álvarez, que anima a “salir, organizarse y proponer una lucha común”.
Ambas se dirigieron también a los jubilados que ya pagaron a la Agencia Tributaria, pues pretenden recuperar ese dinero que las plataformas denuncian que “ Hacienda nos robó”, denuncia la portavoz de los afectados.