El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido a todas las comunidades autónomas que mantengan la tarjeta sanitaria a los parados que pierdan la prestación o el subsidio por desempleo y pasen más de 90 días en el extranjero.
Según ha anunciado en su cuenta de Facebook, el Grupo Socialista va a presentar en todos los parlamentos autonómicos una proposición que inste a los gobiernos regionales a mantener la tarjeta a esta población, siguiendo así el ejemplo los gobiernos de Andalucía y Asturias que este lunes anunciaron que, añade, «no piensan secundar ese despropósito».
«No podemos quedarnos ahí; ahora los socialistas vamos a presentar en todos los parlamentos autonómicos una proposición que inste a los gobiernos regionales a hacer lo mismo. Estoy convencido de que en muchos lugares la iniciativa saldrá adelante, y que otras comunidades se van a sumar a Andalucía y Asturias», afirma.
«Entre todos vamos a conseguir que Gobierno de Rajoy dé marcha atrás», añade, al tiempo que argumenta que «la inmensa mayoría de los españoles piensan que dejar sin asistencia sanitaria gratuita a quien se ve obligado a emigrar para ganarse la vida es un castigo injusto y cruel».
Ante estas declaraciones, el el secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, ha exigido a Rubalcaba que no mienta a los españoles sobre este asunto, porque los desempleados que se desplacen a algún país de la UE, EEE o Suiza en busca de trabajo tendrán cobertura sanitaria durante 3 meses o 90 días como máximo al año. Si permanecen más tiempo en el país de destino, la legislación aplicable es la del país de residencia de acuerdo con los Reglamentos Comunitarios.
Echániz ha señalado que la vinculación del aseguramiento sanitario a la residencia pretende evitar supuestos de ciudadanos que al agotar una prestación o subsidio por desempleo trasladaban su residencia al extranjero, donde se desplazaban mediante una Tarjeta Sanitaria Europea a cargo de España, no del país de destino. Es decir, el Sistema Nacional de Salud ha venido asumiendo el coste de la cobertura de personas con residencia en otro Estado. La persona que se desplaza al extranjero al regresar a España mantiene su derecho a asistencia sanitaria o causará nuevo derecho (si su condición de asegurado llegó a extinguirse por trasladar su residencia al extranjero).
Mantendrán la cobertura
Los gobiernos asturiano y andaluza, ambos formados por el PSOE, manifestaron que no piensan aplicar la nueva normativa.
Desde la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias han manifestado que mantendrán la asistencia sanitaria y que estudia qué alternativas podrían garantizar esta prestación, dentro de la legalidad vigente. Para el consejero de Sanidad asturiano, Faustino Blanco, esta decisión del Gobierno “confirma lo que ya hemos venido diciendo en relación al cambio de modelo de servicio público que ha introducido el Gobierno de Rajoy al dejar de considerar la atención sanitaria como un derecho universal y vincularlo a cotizaciones sociales”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, criticó la medida que a su entender «resulta incomprensible, injusta e injustificable desde un punto de vista político e incluso jurídico». Por ello, ha rechazado «de plano» la iniciativa, así como todas las del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que «vienen a quebrar el modelo de sanidad pública, gratuita y universal». Estos adjetivos, ha indicado, definen el modelo de salud de Andalucía, que, en este marco, «no dará ni un paso atrás».
La consejera autonómica de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, afirmó el lunes 13 de enero que el sistema sanitario público andaluz atenderá a las personas en situación de desempleo que permanezcan más de tres meses fuera de España y que hayan agotado la prestación. La consejera defendió el carácter universal de la sanidad pública y aseguró que, «en ningún momento, la Junta de Andalucía se ha planteado abandonar a estas personas que, además de hacer frente a la dolorosa situación de tener que marcharse de su país para buscar empleo, ven ahora peligrar su derecho a la atención sanitaria».
Aclaraciones
Sobre este asunto también se manifestó el secretario ejecutivo del PP en el Exterior, Alfredo Prada, durante su estancia en París el pasado viernes 10 de enero. “Es un tema que me gustaría aclarar: Nadie se queda sin asistencia sanitaria. Lo que dice nuestra legislación es que si una persona pasa más de 90 días fuera de España la asistencia sanitaria se la tiene que dar el país al que se ha trasladado. En el caso de la Unión Europea con la tarjeta sanitaria europea que solamente es hacer un trámite que lleva 5 minutos y te la dan de forma inmediata. Si esas personas están más de 90 días tendrán que inscribirse en la seguridad social de ese país donde residen pero en el momento en que vuelven a España no hay ni una sola persona a la que se le haya quitado la tarjeta sanitaria. La cobertura sanitaria española sigue siendo universal y gratuita. Así lo define nuestra legislación y así seguirá siéndolo porque es la voluntad del Gobierno”.
Iniciativas parlamentarias
Asimismo, la secretaria federal de Emigración del PSOE y diputada socialista viguesa Carmela Silva ha registrado en el Congreso una batería de iniciativas parlamentarias con las que pide al Gobierno que retire “de manera inmediata” su decisión de limitar la asistencia sanitaria a aquellos españoles que permanezcan en el extranjero durante más de 90 días en un año natural y se encuentren en situación de desempleo.
Silva, destacó que “el PSOE ya había presentado enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que se eliminara este precepto que pone en situación de indefensión a las mujeres y hombres de nuestro país que se ven obligados a emigrar en lo que ya se puede denominar como la nueva diáspora del siglo XXI”. Además, añade que “desde el grupo socialista se han presentado preguntas al gobierno en el sentido de su disposición a eliminar esta decisión injusta, ruin, insensible y que sólo se puede entender desde la total falta de respeto a los derechos básicos de las personas”.
Diversos consejeros de la Ciudadanía Española en el Exterior han expresado su inquietud por esta medida si bien no tendrá efecto en lo que se podría denominar emigración tradicional, es decir, aquellas personas que llevan ya años residiendo y trabajando en el extranjero sino solo a los desempleados que han agotado todas las prestaciones y se trasladan al extranjero durante más de 90 días al año.