El Partido Popular rechazó el miércoles 23 de octubre en la Comisión Constitucional del Congreso dos proposiciones no de ley que abogaban por suprimir el procedimiento del voto rogado para los españoles residentes en el extranjero.
Las proposiciones no de ley fueron presentadas por PSOE y el Grupo de La Izquierda Plural en mayo de 2012 y se debatieron el miércoles 23 de octubre de 2013 en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.
A estas dos iniciativas se unió una tercera presentada por Unión Progreso y Democracia (UPyD) por la que se solicitaba una modificación de la actual normativa electoral al considerar que discrimina a los residentes en el exterior, sobre todo en los plazos que fija para poder ejercer el derecho al voto.
La proposición socialista fue defendida por la diputada Carmela Silva quien reconoció el error que supuso la reforma de la Ley Electoral en lo referido al voto exterior aprobada en el Congreso en 2011 con el voto favorable del PSOE.
“El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley con el ánimo de corregir una decisión que los datos han demostrado que no fue acertada”, comenzó su intervención la diputada y secretaria federal de Emigración del Partidos Socialista. “Hemos pasado de cifras de participación de entre el 20 y el 30% a cifras de entre el 3 y el 5%. Una caída de tal magnitud en el ejercicio de un derecho básico en las sociedades democráticas no puede dejarnos impasibles”, manifestó Silva.
En su iniciativa los socialistas proponían que fuese el Gobierno el que, en el plazo de seis meses, presentase un proyecto de ley de modificación de la Ley electoral en lo referido al voto exterior que incluyese la eliminación del voto rogado.
También que se pusieran en marcha todas aquellas medidas que faciliten y perfeccionen el voto en urna, que se avance en el uso de las nuevas tecnologías para favorecer el ejercicio del derecho de sufragio y que se asuma el compromiso de crear una circunscripción electoral en el exterior.
Silva recordó que el artículo 9.2 de la Constitución mandata de forma tajante a promover que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas y a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y que el artículo 68.5 establece que la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.
“Es evidente que los ínfimos datos de participación muestran que no se cumplen esos principios y, por ello, tenemos que tener la valentía de reconocer el error y tomar las decisiones que permitan que las españolas y españoles que viven en el exterior puedan ejercer en plenitud los derechos que les corresponden”, señaló.
“Las dificultades del ejercicio del sufragio en el exterior (grandes distancias a consulados y oficinas diplomáticas, problemas con el sistema de Correos de los países en los que viven, plazos para ejercer el derecho….) nos obliga a buscar mecanismos, instrumentos y procedimientos que permitan su superación”, añadió.
A favor del actual procedimiento
Desde el Partido Popular, Juan Carlos Vera Pró -que fue uno de los diputados directamente implicados en la reforma electoral de 2011- defendió el del voto rogado y afirmó que dichos cambios “no se hicieron por capricho ni para perjudicar a los españoles en el exterior sino para establecer una procedimiento que diese mayor seguridad jurídica”.
En su intervención despachó las diferentes propuestas de voto electrónico, mesas electorales en el exterior y voto en urna, y circunscripción electoral en el exterior indicando como único argumento que son cambios muy complicados.
Respecto a la restauración del voto en las elecciones municipales, una de las propuestas del Grupo de La Izquierda Plural, fue tajante al afirmar que en dichos comicios solo deben votar los vecinos del municipio y como tal no se entiende a quienes viven fuera de España.
Sin embargo, el diputado Juan Carlos Vera indicó que “el PP entiende que debemos dar todos los pasos necesarios para solventar cuantos problemas dificulten el derecho fundamental del voto. La esencia misma de la democracia es que cada ciudadano pueda ejercer, si así lo desea, su derecho al voto”.
Aunque en parte pareció que culpabilizaba de esas dificultades a la administración electoral y no a la propia legislación al indicar que “si un ciudadano quiere votar y no puede hacerlo es un fracaso, un fracaso tanto mayor en cuanto las dificultades para hacerlo dependen de la administración electoral”.
Vera Pró continuó indicando que “por eso tenemos que hacer cuanto esté en nuestra mano para corregir las posibles deficiencias que existan porque no es presentable que quienes han solicitado ejercer su derecho de voto se encuentren con que no les llega la documentación para hacerlo, o que les llega tarde, o que no la reciben a tiempo o, incluso, ejerciendo su derecho de voto éste no llega después a las meses electorales”.
Aunque finalizó su intervención dejando una puerta abierta a posibles cambios en el procedimiento de voto. “Nosotros estamos dispuestos a estudiar y establecer otras formas para solicitar el voto y cuáles quieran que mejoren su efectividad”, aunque aclaró que “en cualquier caso no creemos que deba ser el Gobierno el autor de una reforma de la Ley Electoral porque eso nos corresponde a todos los grupos que estamos en esta Cámara porque cualquier reforma electoral debe contar con el mayor de los consensos”.
En concreto, el Grupo Popular presentó una enmienda de modificación a la propuesta del PSOE para que el texto quedara redactado de la siguiente manera: “El Congreso de los Diputados considera conveniente un acuerdo de las fuerzas políticas en el ámbito parlamentario con el fin de mejorar el procedimiento de votación de los ciudadanos españoles residentes en el extranjero, en aras a facilitar una mayor participación, sin merma de las garantías y de la seguridad jurídica de dicho procedimiento”.
Para Coalición Canaria hay muchas mentiras y falta voluntad política
La diputada por Coalición Canaria Ana María Oramas que se mostró sorprendida por la intervención del diputado del PP. Oramas explicó que el portavoz del Partido Popular que intervino ante el pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior que se reunió en Madrid el pasado mes de junio, el diputado Alfredo Prada, “se comprometió a trabajar con la emigración para eliminar el voto rogado”.
La diputada canaria afirmó tajante que con al reforma de la Loreg de 2011 no se quiso mejorar la calidad del voto sino a “eliminar el voto de la emigración”. Y le echó en cara al PP que no diga una cosa en el extranjero, ante el pleno del CGCEE y otra en el Congreso.
También se quejó de que un país como España todavía no haya resulta la cuestión del voto exterior con garantías y facilidades (con voto en urna y voto electrónico) cuando todos los países de su entorno y otros menos desarrollados ya lo han hecho. Finalizó diciendo que lo que falta es voluntad política para resolver este asunto.
‘Atentado a la democracia’ y sistema ‘discriminatorio y excluyente’
El portavoz del Grupo de La Izquierda Plural, Joan Josep Nuet, recordó que su grupo ya advirtió sobre las consecuencias que tendría la reforma del voto exterior de 2011 y que los datos les han dado la razón. “De niveles de voto cercanos al 30% hemos perdido hasta el 90%. Estamos hablando de niveles de votos de entre el 3 y el 4%”.
“Esto es un verdadero atentado a la democracia. Esto sí que es crear un grave problema político de desafección hacia aquellos hombres y mujeres que por determinadas circunstancias tienen que vivir en el extranjero pero que de ninguna de las maneras han renunciado a seguir siendo españoles y españolas”, afirmó.
La diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Irene Lozano defendió al proposición de su grupo y calificó el sistema de voto exterior de “discriminatorio y excluyente”. En el primer caso porque los plazos establecidos para el voto por correo dificultan el ejercicio y son diferentes a los que tienen los residentes en España que optan por esta posibilidad. Y es excluyente porque ha provocado un alarmante descenso de la participación. Para Lozano “impedir la participación política de los ciudadanos es un lujo que no nos podemos permitir”.
Además, criticó al Partido Popular al considerar que bloquea las iniciativas de los demás grupos de dar una solución a un problema que afecta a millones de españoles en el extranjero.
La representante del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Olaia Fernández, también intervino y defendió que se den todas las facilidades y mejoras para el voto exterior pero que se garantice la seguridad jurídica del proceso y que los requisitos sean los mismos que se exigen para los residentes en España. Es decir que se mantenga el voto rogado.
Para el BNG el descenso de la participación no es consecuencia de una legislación restrictiva o compleja sino de haber mejorado los controles sobre un procedimiento de voto que antes carecía de ellos.