Seara, que desveló el contenido de los Principios Rectores del Contrato de Gestión, señaló que esta “operación”, que llegó a calificar de “delito”, supone un pago inicial de 37,2 millones de euros a la empresa “privada y amiga” 3A Recoletas por la gestión de un centro que factura 7 millones al año en servicios externos, mayoritariamente de la obra social Ospaña, o sea 84 millones hasta 2022. Además, según asegura el PSdeG-PSOE en este contrato el Gobierno gallego se compromete a pagar en menos de un año las pérdidas acumuladas analizadas por una auditoría realizada por la misma empresa y que la propia conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, estimó en 10,7 millones. Del conjunto de estas partidas, restando la inversión de 8 millones en 9 años por parte de la empresa, resultan los 121,3 millones de beneficios, indicó.
Añadió que esta operación “está siendo cuestionada en las instituciones y en el Parlamento argentino” y que, “además de ruinosa puede ser ilegal según el derecho argentino” y está siendo realizada sin concurso público. Advirtió que este centro ofrece asistencia sanitaria de calidad por una cuota asequible a 20.000 personas, entre los que se encuentran 540 gallegos sin recursos que actualmente reciben atención médica gratuita y que se convirtió en los últimos cuatro años en uno de los hospitales más importantes de Argentina, con una renovación total de las unidades coronaria, oncológica, pediátrica y ginecológica, fue informatizado y reformada la estructura de farmacia, además de la puesta en marcha de un servicio de rehabilitación cardiovascular, un centro de día gratuito y programas de prevención del cáncer de colon, de diabetes y de alzheimer.
Además, dijo, consiguió la obra social Ospaña “que el PP está poniendo en riesgo con esta operación” y que, según Seara, permite que millares de hijos y nietos de gallegos hayan sido atendidos en el hospital y que facture más de 7 millones al año. Acusó a la Xunta de “mentir” al aludir a las presuntas dificultades financieras, cuando pasó de una deuda de 6 millones de euros en 2005 a un balance positivo de 6 millones de pesos en 2008.
La moción rechazada por el PP reclamaba la paralización inmediata del acuerdo entre la Xunta y 3A Recoletas sobre la “gestión” del Hospital del Centro de Buenos Aires y convocar una reunión de urgencia con los grupos parlamentarios para explicar detalladamente la situación de la Fundación Galicia-Saúde y los planes del Gobierno gallego para el Hospital del Centro de Buenos Aires. También reclamaba mantener el actual sistema de gestión del Hospital, garantizando el nivel de prestaciones y servicios sanitarios, manteniendo e incrementando las aportaciones económicas para la Fundación.
La postura del PP
El Grupo Parlamentario Popular defendió la apuesta de la Xunta por garantizar la sostenibilidad del Hospital a través de una gestión profesionalizada. En el debate de la moción del PSOE, los populares plantearon una enmienda en la que ratifican esa apuesta a favor de la eficiencia e instan a la Xunta a mantener el compromiso de colaboración con el Centro Gallego, a través del apoyo económico y de participación en sus órganos de gestiones. La propuesta del PPdeG aboga también por promover la calidad en la prestación asistencial en el Hospital, a través de un proyecto que asegure unas infraestructuras adecuadas y potencie también el avance continuo en la gestión. Igualmente, instan al Gobierno gallego a ratificar el compromiso de velar por la salud de los gallegos residentes en Argentina.
En la defensa de la enmienda, el diputado Miguel Santalices rechazó seguir manteniendo una situación “que lleva a la quiebra financiera” del centro, que arrastra una deuda de 12 millones de euros, con más de 1,8 millones de incremento en el último año. “El Gobierno gallego apuesta por profesionalizar la gestión del centro, pero no entra en la titularidad del mismo, ya que se rige por la legislación argentina”, indicó. Y resaltó que la Xunta “quiere remodelar urgentemente las instalaciones que dejó abandonadas el Gobierno anterior”.
Asimismo, defendió el interés de la actual Xunta por mejorar la atención a los residentes en el exterior. En ese sentido, la aprobación de la tarjeta sanitaria, que beneficiará a 3.000 ó 4.000 gallegos, “es prueba” de que el Gobierno de Feijóo “tiene especial preocupación por garantizar la asistencia sanitaria de nuestros emigrantes” y de que está universalizando la atención y las prestaciones, señaló. Pero criticó lo que denomina desinterés de los socialistas por solventar los problemas del Hospital, desinterés que quedó patente, dijo, en el hecho de que en la última reunión del Patronato “sólo hubo una ausencia, la de Unión Gallega, que es justo el representante del PSOE”.
En cuanto al contrato, destacó que se mantiene una asignación económica de 3,1 millones de euros por año durante los 9 primeros años que, a partir de entonces, se reducirá en un 10% anualmente. Igualmente, obligará a una inversión de 8 millones para mejorar las instalaciones del centro y a suscribir una póliza de responsabilidad civil de un mínimo de 200 millones, quedando cubiertos posibles incumplimientos contractuales que impliquen dolo o descuido. Por otro lado, se contará con dos gerentes, uno de los cuales se encargará del Plan de Salud y otro de la asistencia sanitaria en el Hospital.
El BNG pide la copia de la auditoría
La diputada y portavoz de emigración del BNG, Teresa Táboas, criticó que “sean unos servicios privados los que garanticen los servicios públicos” en referencia al contrato entre el Gobierno gallego y la empresa 3A Recoletas. La diputada del BNG afirmó que este contrato es “mercantilismo puro y duro”, la estrategia del Partido Popular es “privatizadora”, y la táctica que utiliza es “la mentira y argumentos falsos”. Reclamó que se remitiera a los grupos de la oposición una copia de la auditoría realizada en el Hospital y que se restituyan las subvenciones a la Fundación Galicia Saúde. Y también se refirió a los “problemas generados, innecesariamente”, con el Gobierno argentino que ya tenía firmados conciertos con el Hospital.