La responsable de Política Social del Grupo Socialista, Carmen Gallego, consideró «absolutamente inapropiada» la fórmula escogida por el Gobierno para devolver las sanciones aplicadas contra los pensionistas emigrantes retornados. Gallego presentó una pregunta oral en la Comisión de Economía del Parlamento gallego en la que criticó la discriminación contra este colectivo, víctima de una «inspección masiva poco justa».
Gallego criticó que el Gobierno obligue a los afectados a presentar una solicitud de devolución de la sanción, iniciando un nuevo proceso administrativo, cuando «debió ser el Gobierno quien de oficio devuelva el dinero». Alertó de que «corremos el riesgo cierto de que algunas personas no tengan capacidad de presentar las solicitudes por falta de información o incapacidad y queden sin recuperar su dinero».
Señaló que «falta información sobre el procedimiento de devolución» por parte del Gobierno central, máxime «cuando estamos en medio de una reforma fiscal». Además, dijo, el proceso de inspección por parte del Ministerio «no termina, sigue haciendo una inspección masiva a los pensionistas emigrantes que continúan recibiendo sanciones mientras amnistían a quien va a Suiza a depositar su capital a salvo del fisco».
Lamentó la falta de interés demostrada polo Gobierno gallego para impulsar una reforma fiscal defendiendo a los pensionistas emigrantes y evitando «agravios comparativos» con los pensionistas gallegos. Explicó que los emigrantes están obligados a declarar sus pensiones por proceder de dos pagadores mientras los gallegos no, con lo que quedan exentos de su pago.
Acuerdo parlamentario
Gallego recordó que las actuaciones del Gobierno gallego «tuvieron que ser instadas por los socialistas gallegos, que trajimos al Parlamento al colectivo e impulsamos una iniciativa aprobada por unanimidad para retirarles las sanciones». Esta iniciativa, sin embargo, aun está parcialmente incumplida en lo tocante a buscar convenios con terceros países para prevenir estas situaciones con relación al pagado de las pensiones, afirmó.
Lamentó que la Xunta se haya limitado a trasladarle el acuerdo al Gobierno central y reclamó que «Galicia se implique politicamente en la solución de este problema». Actualmente, advirtió, «la Agencia Tributaria no está garantizando períodos de fraccionamento de los pagos más largos de lo habitual para los contribuyentes», a los que ponen en situaciones «difíciles cuando son muchas veces el principal sustento de sus familias».