Las Cuentas para 2017, presentadas el pasado 27 de abril en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción de Valladolid, alcanzan los 10.293,2 millones de euros, con 8.003 millones de gasto no financiero real a disposición de las consejerías, 375 más que en 2016. Inversiones y transferencias de capital se incrementan por encima del 10% en favor de la reactivación y se consolida la cohesión territorial con el 20,8% más para cooperación local.
La Lanzadera Financiera se refuerza con la creación de otros tres instrumentos a disposición de las empresas, que también podrán optar a más recursos del Banco Europeo de Inversiones. La partida para I+D+i despega el 28,3%, hasta los 220,6 millones, y se recogen nuevos anexos con la dotación del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de Soria y el de Dinamización Económica de los Municipios Mineros.
Previsiones
La Junta elaboró las Cuentas tomando como base una previsión de evolución del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,5%, una tasa de paro anual del 14,1%, un incremento del empleo del 2,1% -que se traducirá en la creación de alrededor de 20.000 nuevos puestos de trabajo- y un déficit público del -0,6%. Asimismo y como es lógico, respetan el límite individual de deuda del 19,8% y la regla de gasto, al elevarse por debajo de la tasa de referencia de crecimiento de la economía nacional, en consonancia con el compromiso del Gobierno autonómico con la estabilidad financiera de España y la senda de consolidación fiscal, que se ha reflejado en el cumplimiento de obligaciones en 2016.
Con todo esto como punto de partida, el Consejo de Gobierno aprobó en sesión ordinaria un Proyecto de Presupuestos que se sitúa en 10.293.186.358 euros, el 4,57% más que el año pasado, cuantía que está condicionada por un aumento de las operaciones financieras cercano al 12%. De ahí la importancia de fijarse en los 9.248 millones de gasto no financiero. En términos absolutos esta cifra implica una inyección de 338 millones de euros adicionales respecto a 2016, el 3,79% más, que permitirá consolidar el ciclo de recuperación económica iniciado en 2014, apuntalar la creación de empleo y reforzar los servicios públicos fundamentales.
El techo de gasto no financiero se ha corregido al alza en algo más de 88 millones de euros en comparación con los 9.159,8 millones aprobados por las Cortes de Castilla y León el pasado 8 de febrero. Su cuantía ha variado al producirse algunos supuestos contemplados en las normativas estatal y autonómica sobre estabilidad: la modificación de las transferencias del Estado y los ingresos por entregas a cuenta del modelo de financiación a tenor, respectivamente, del contenido del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado y de la comunicación recibida este mismo mes de abril.
Aumento en áreas sociales
El estado de gastos remite a la cifra real, de referencia, de 9.248 millones de euros, que es el techo máximo de gasto no financiero al que deben ajustarse los programas de la Junta. De este montante, 923,8 millones se corresponden con la Política Agraria Común (PAC), 30,5 millones están destinados a las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (el 9,2% más) y 290,7 millones están asignados a abonar los intereses de la deuda.
Estas tres partidas se descuentan para centrarse en el gasto efectivo que gestionarán las consejerías, que se eleva a 8.003 millones, el 4,9% más que el año pasado. Así, 2017 será el tercer ejercicio consecutivo con crecimiento del presupuesto no financiero para las políticas de gasto, que recibirán 375 millones de euros adicionales respecto a 2016. De esta cantidad, el 81% será para gasto social. O dicho de otro modo, el incremento absoluto de los créditos no financieros reales para Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades es cuatro veces mayor que para el resto de áreas.
Se trata de la prueba más evidente de que la asignación presupuestaria obedece al cumplimiento de los grandes objetivos de legislatura fijados por el presidente Herrera en su discurso de investidura: garantizar los servicios públicos fundamentales, afianzar la recuperación económica y el empleo y fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad.
En coherencia con esto, la salud, la enseñanza y la atención social consumen 6.379 millones de euros, cuantía que aumenta el 5% y absorbe el 80% de los recursos no financieros de las consejerías y el 87% de los fondos autónomos de carácter no financiero.
El presupuesto previsto total para la Consejería de Sanidad escala el 5,4% (3.477,2 millones), el de Educación crece cerca del 4% (1.976,3 millones) y la dotación para Familia e Igualdad de Oportunidades el 6% (925,4 millones), para reforzar los programas de la Red de Protección a las Familias.
La dotación para políticas económicas crece el 8,6% y para el empleo el 10,6%.