A estas medidas hay que añadir un amplio y ambicioso paquete de reformar legales que tendrán la finalidad de agilizar los procesos de gestión de suelo y que están dirigidas principalmente a facilitar la construcción de viviendas.
Según explicó el presidente, en Castilla-La Mancha hay más de 40.000 personas solicitantes de vivienda y el sector de la construcción y afines es muy relevante para la economía de esta Comunidad Autónoma. Para dar solución a la demanda de los primeros e impulsar la actividad de la construcción tan necesaria en estos momentos, el Ejecutivo castellano-manchego propone este Pacto por la Vivienda que, al garantizar el comprador, ofrece estímulo y seguridad al constructor.
“Si tenemos demanda de viviendas y capacidad de oferta tan sólo resta encontrar el punto de encuentro entre ambos caminos”, dijo Barreda a la vez que pidió la implicación no sólo de constructores y promotores sino de todos los agentes sociales, empresarios sindicatos, fuerzas políticas y grupos parlamentarios para que el Pacto llegue a buen fin.