El presidente Guillermo Fernández Vara amenaza con dimitir si el Gobierno central decide instalar el almacén nuclear en la región

Afirma que ya informó de la decisión su partido, el PSOE

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha anunciado hoy que si se diera la “hipotética decisión” de instalar en la región el Almacén Temporal Centralizado (ATC), “ya sabe el Gobierno de España que eso significaría dos decisiones: que la Asamblea de Extremadura tendría que elegir un nuevo presidente de la Junta y que mi partido tendría que buscar un nuevo candidato para las próximas elecciones”, indicó, para añadir que y si no fuera “porque todos intentamos enseñar la cabeza, yo no lo hubiera dicho”, porque lo sabe el Gobierno de España que es quien lo tiene que saber.

Añadió que esta decisión ya la conocían los alcaldes de la zona de Albalá (municipio candidato a albergar el ATC de resíduos nucleares), el Partido Socialista , el presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, y la asociación ecologista ADENEX.

Respecto a la instalación del ATC, Fernández Vara dijo que no tiene ninguna duda, “porque no la he tenido nunca, que el ATC no se va a instalar en Extremadura, pero que se sepa que si así fuera eso tendría consecuencias, y una de las consecuencias es esta”, añadió.

Además, el presidente del Ejecutivo regional, que compareció en rueda de prensa, manifestó que es tiempo de lealtades “y yo soy leal a Extremadura, al Gobierno de España y al PSOE, pero cuando haya un conflicto, prima la primera”, dijo.

Otros asuntos del Consejo de Gobierno

Por otra parte, durante la rueda de prensa, Fernández Vara informó del acuerdo de reducir en el 10% los cargos directivos del Servicio Extremeño de Salud (SES). Se suprimen 13 cargos directivos, de los que ocho están cubiertos y cinco estaban sin cubrir.

Además, el presidente manifestó que de las 18 empresas públicas actuales se pasará a 6, cumpliendo así el compromiso adquirido dentro del plan de reducción y reestructuración de la administración regional y de las empresas públicas.

El Ejecutivo regional aprobó un decreto que establece un programa de ayudas a las PYMES extremeñas como complemento a las líneas de financiación acogidas al Plan de Fomento Empresarial del ICO, consciente de la necesidad de financiación que manifiestan las empresas y emprendedores extremeños a la hora de iniciar un proyecto empresarial.

El ICO dispone de diversas líneas de financiación cuyo objetivo es impulsar y apoyar las inversiones productivas de las empresas españolas, promover los proyectos de autónomos y pymes y facilitar el acceso al crédito a ciudadanos y familias, y para ello se ofrecen préstamos con largos plazos de amortización, tipos de interés preferencial y sencilla tramitación, a través de los principales bancos y cajas.

En este sentido, el Consejo de Gobierno autorizó la firma de un convenio de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial para que las empresas que financien proyectos de inversión con operaciones de préstamo acogidas a alguna de las Líneas de Financiación establecidas por el ICO se puedan beneficiar, al mismo tiempo, de las ayudas complementarias en concepto de subsidiación de intereses de la Junta de Extremadura.

La Junta de Extremadura concederá una subsidiación de los intereses devengados en las operaciones financieras acogidas a las líneas del ICO de los siguientes puntos porcentuales de interés, sin que en ningún caso esta subsidiación pueda superar el tipo de interés inicial de la operación formalizada: Línea ICO-Inversión Nacional, 2 puntos; Línea ICO-Emprendedores, 0,5 puntos; Línea ICO-Internacional, 1.5 puntos; Línea ICO-Economía Sostenible, 1.5 puntos.

La subsidiación de intereses de las operaciones que se formalicen en el marco de las Líneas “ICO Economía Sostenible 2010”, “ICO Inversión”, “ICO–Emprendedores 2010” e “ICO Internacional” tendrá un límite presupuestario de 2.235.000 euros.

Por lo que respecta a la subsidiación de intereses de las operaciones acogidas a la Línea “ICO Vivienda 2009-2010” el límite será de 364.285,82 euros.

Además, el Ejecutivo ha aprobado dos proyectos de ley, el primero de los cuales tiene como finalidad modificar la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Con la entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE en 2006, relativa a los Servicios en el Mercado Interior y conocida como Directiva Bolkestein, se obliga a todos los estados miembros de la UE a una profunda revisión de sus legislaciones en materia de comercio, con la eliminación de todos aquellos mecanismos excesivamente reguladores para los prestadores de servicios en el mercado interior.

El presidente señaló como la parte más sustancial “la definición de lo que hasta ahora se venía denominando segunda licencia”, que será sustituida en los establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados por un informe vinculante para asuntos exclusivamente medioambientales, patrimoniales o urbanísticos.

Además, aprobó el proyecto de Ley de Actividades Feriales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, texto que tiene como objetivo facilitar la organización y promoción de ferias, a la vez que se busca dar un mayor impulso y fomentar la profesionalización de estas actividades para que contribuyan al desarrollo económico regional.