El presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), Manuel de Barros, defendió en la Junta General del Principado el papel de las entidades en el exterior como “motores económicos de Asturias”. “Que a nadie le quepa la menor duda, no somos una carga para Asturias, somos personas, entidades, que estamos trabajando por Asturias”, afirmó De Barros ante la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana de la Junta General del Principado el pasado 17 de abril. “A veces cuando uno oye la prensa u oye ciertas cosas como que somos personas que creamos necesidad. Lo que creamos es riqueza y que quede muy claro en este lugar”, insistió el titular de la FICA.
Junto a De Barros comparecieron ante la Comisión de la Junta General para tratar sobre la nueva Ley del Principado de Asturias de asturianía y de las comunidades asturianas asentadas fuera de Asturias, la presidenta de la Asociación de Emigrantes Españoles Retornados de Asturias (Aeera), Pilar Burgo; el presidente de la asociación Compromiso Asturias XXI, Carlos García-Mouriño; el director del Real Instituto de Estudios Asturianos, Ramón Rodríguez; el director del Área de Apoyo Corporativa de la Federación Asturiana de Empresarios, Ignacio García López, y la presidenta del Consejo de la Juventud de Asturias, Sheila Suárez.
Todos los comparecientes coincidieron en destacar la necesidad de una nueva ley que regule las relaciones de la Administración autonómica con la diáspora asturiana ya que la que hay actualmente en vigor es del año 84 y no se ajusta a las actuales circunstancias que rodean al fenómeno migratorio en el Principado.
También coincidieron al pedir a los grupos políticos agilidad en la tramitación y aprobación de la nueva normativa. En este punto, el presidente de FICA resaltó también que “esta ley tiene que apoyarse y aprobarse a ser posible por unanimidad”. De Barros explicó los motivos para pedir esto: “Porque es la única manera de que podamos sobrevivir, no podemos entrar en la guerra política de los grupos políticos si entramos ahí nosotros estaríamos mal”. Recordó que hay 100.000 asturianos fuera del Principado, más del 10% de la población de la Comunidad.
De Barros insistió también en su intervención en la necesidad de mantener y potenciar la Escuela de Asturianía como instrumento que sirve para fortalecer las entidades en el exterior mantener vivos los lazos con el Principado y garantizar la incorporación de los jóvenes a las entidades.
En su intervención, De Barros se mostró muy favorable al proyecto de Ley de Asturianía. Manifestó algunas reservas sobre la definición de las entidades de apoyo de la asturianía que aparece en el proyecto de ley, aunque confió en que se aclare en el posterior reglamento de desarrollo que deberá elaborarse una vez se apruebe la ley.
Además, se felicitó de que en la nueva norma se contemple que cada cuatro años se tenga que celebrar el congreso mundial de asturianía, ya que hace once años que se celebró el último.
Finalizó su intervención reiterando su petición a los grupos para que pronto lleguen a un acuerdo, “si es posible antes del verano, y el trámite sea rápido y productivo, y la ley se apruebe por unanimidad. Los centros y casas de Asturias, de verdad señores y señoras diputados, lo necesitamos”.
Proponen crear un órgano transversal
Por su parte, el presidente de la asociación Compromiso Asturias XXI, Carlos García-Mouriño, señaló que la nueva Ley de asturianía le parece “muy positiva en general”. Sin embargo, echó en falta que en esta nueva norma no se articule un órgano transversal “que sirva para recibir, canalizar, gestionar, todo el retorno del talento, todas las actividades, todas las propuestas y procesos que hay de fuera hacia dentro”. García-Mouriño elogió la labor realizada por Begoña Serrano desde la Dirección General de Emigración y Cooperación al Desarrollo, pero señaló que “cuando queremos desarrollar un proyecto en Asturias nos encontramos con la dificultad de que no tenemos un organismo transversal que sea capaz de trabajar con las distintas Consejerías y organismos para poder darnos respuesta”.
Señaló también que esta labor la podría realizar el Consejo de Comunidades Asturianas que, en su opinión, podría dar mucho más de sí, si tuviéramos más medios y más presupuesto y más competencias, y podría ser lo que decía, ese órgano transversal que además de tener unas funciones consultiva que tuviera una función más ejecutiva”. En este punto felicitó también al trabajo realizado por el Consejo que preside Paz Fernández Felgueroso.
El presidente de Compromiso Asturias XXI también consideró que la nueva ley debería dejar espacio para que entidades como la que representa, con sede en Asturias, pudiesen acreditarse como comunidades asturianas o como entidades de apoyo a la nueva emigración.
El representante de la Federación Asturiana de Empresarios, Ignacio García López, destacó sobre la redacción de la nueva ley que en su opinión debería contemplar “otras realidades” como por ejemplo “la de los descendientes de asturianos”.
También vio como muy positiva la creación de la figura de las entidades de apoyo e indicó que en su opinión en esta definición solo caben las entidades con personalidad jurídica, y no las redes sociales que serían medios de expresión y comunicación de estas entidades.
Jóvenes y retornados
La presidenta del Consejo de la Juventud de Asturias, Sheila Suárez, se refirió al fomento de la participación de los jóvenes dentro de los centros asturianos en el exterior, así como a potenciar el asociacionismo entre los jóvenes asturianos en el exterior “, con la finalidad de compartir sensibilidades con la población joven aquí asturiana y la puesta en marcha de nuevos proyectos”.
Asimismo, Suárez señaló que “creemos que a través de este sistema de centros se puede poner en marcha una red de amparo a todos los jóvenes emigrantes que estamos viendo que tienen una serie de dificultades a la hora de establecerse tanto laboral como personalmente en estos países”.
La presidenta de la Asociación de Emigrantes Españoles Retornados de Asturias (Aeera), Pilar Burgos, se mostró contenta porque por fin los retornados están reconocidos en la Ley de asturianía y se les incluye en el Consejo de Comunidades Asturianas. Burgos defendió el importante papel de entidades como la que ella representa en el asesoramiento a los emigrantes que deciden retornar, pero también a aquellos que quieren emigrar, a partir de la experiencia de los miembros de estas entidades.
El presidente del Real Instituto de Estudios Asturianos, Ramón Rodríguez, también señaló que es necesaria una nueva Ley de asturianía ya que la de 1984 ha quedado “desfasada”.