El presidente de la Comunidad pide al ministro Montoro que agilice el pago de 100 millones de euros pendientes

Relativos a cantidades del Programa de Desarrollo Rural, fondos Miner e intereses generados por la sentencia sobre el gasto farmacéutico

José Antonio de Santiago-Juárez, el presidente Juan Vicente Herrera, Cristóbal Montoro y la consejera Pilar del Olmo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se reunió con el ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y le instó a que agilice el pago de 100 millones de euros pendientes con la Comunidad, relativos a desarrollo rural, fondos Miner e intereses que provienen de una sentencia sobre el gasto farmacéutico en la que se dio la razón al Ejecutivo autonómico.

El Gobierno adeuda 63 millones de fondos Miner que, en algunos casos, ha anticipado la Junta de Castilla y León, según informó Herrera al ministro, a quien, además, recordó el pago de 11 millones que están pendientes de la sentencia de gasto farmacéutico que proviene del momento de la transferencia de la sanidad y que corresponde a los intereses, cuyo devengo atribuyó el auto al Ejecutivo central. Junto a esas cantidades están pendientes otros 25 millones de euros del programa de Desarrollo Rural, que motivó diferencias entre la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, y el ministro del ramo, Miguel Arias-Cañete.

Tras la reunión, la Junta consideró que se ha atendido el 90 por ciento de sus «criticas» a la reforma local del Gobierno con las correcciones que se introducen al anteproyecto, que irá al Consejo de Ministros, según la explicación facilitada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Montoro explicó al presidente de la Junta y a los consejeros de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, los cambios en el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local durante la reunión mantenida.

Algunos de los puntos más criticados por la Junta desaparecen, explicó De Santiago-Juárez, quien enumeró, entre ellos, que ningún municipio perderá sus competencias si no cumple con los criterios de calidad sino que la Comunidad Autónoma ejercerá la tutela financiera. Otro elemento que se cae es la regulación del coste estándar y su cambio por el efectivo. Sobre la preparación del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se fijará el reparto del objetivo de déficit de 2013 por autonomías, Del Olmo informó que la previsión del Ministerio es que se celebre el próximo 31 de julio. La cifra que sería del agrado de la consejera es el entorno del 1,3 % del PIB que se ha fijado como objetivo común para las administraciones.