El preacuerdo entre España y Venezuela puso fin a la huelga de hambre de los afectados por expropiaciones

Ya bastante recuperado de salud, pues resultó el más afectado durante la huelga de hambre que mantuvo junto a su hermano Carlos, a las puertas del Consulado de España en Venezuela, explicó cómo se sucedió el abandono de su protesta.
“Al noveno día de huelga, volvió nuevamente la doctora Liyuny Sosa, asistente legal de la presidencia del Instituto Nacional de Tierras (INTI), esta vez con una comitiva de más alto nivel, ofreciendo firmar un preacuerdo para el pago el próximo mes de noviembre de las indemnizaciones de los ocho productores agropecuarios, que estamos esperando el pago desde el 2005 y que  nos lo habían ratificado a finales del año 2009”.
Ese jueves 21 se acordó una nueva reunión en las oficinas del INTI. “Esta vez el preacuerdo lo firmó por el Estado español, el cónsul general de España en Venezuela, Aníbal Jiménez Abascal; y por el Gobierno venezolano, la doctora Sosa y Pedro Guerra, director general del Instituto Nacional de Tierras. Al día siguiente decidimos levantar la huelga de hambre mi hermano y yo, más los otros cuatro productores que se nos habían unido”.
Todas las expectativas están ahora puestas en el próximo día martes 26 de octubre cuando los representantes de los ocho casos de indemnización se reunirán nuevamente en el INTI con el presidente del Instituto, y ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, a fin de fijar la fecha del pago de las indemnizaciones. “Nosotros esperamos que antes del 10 de noviembre próximo se nos cancele lo acordado”, ratificó Luis Solórzano.
Los ocho casos que esperan por ser indemnizados corresponden a familias de origen español cuyas tierras fueron invadidas y luego expropiadas, algunas desde el año 2005. A raíz de las mesas de trabajo establecidas entre España y Venezuela, se les ratificó la indemnización en el año 2009 y sin embargo aún esperan por el pago. Esto determinó a los hermanos Solórzano a iniciar una huelga de hambre el pasado 13 de octubre, a la que después se sumaron Antonio Agüera Berbel (Almería) de la finca Los Sauces; Juan y Manuel González Concepción (Canarias) del fundo Los Toros; y Nelo González López (Canarias) del Núcleo Endógeno Mamá Hilda.
La indemnización a la familia Solórzano, por el Hato La Vaca, de 33 hectáreas en el estado Guarico, alcanza los 10 millones de bolívares”, unos 2,5 millones de dólares. La cifra fue fijada por el Gobierno venezolano, estimando los afectados que se valoraron las tierras muy por debajo de su valor, pero debieron resignarse a aceptar ante el temor de perder todo.