El PPdeG rechaza las enmiendas a la totalidad de la Lei de Galeguidade y continúa su tramitación en el Parlamento

El vicepresidente, Alfonso Rueda, defendió el proyecto de ley ante las críticas de PSdeG, AGE y BNG

Intervención del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en defensa del proyecto de Lei de Galeguidade.

El Grupo Popular en el Parlamento de Galicia rechazó el martes 9 de abril las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición al proyecto de Lei de Galeguidade, que fue defendido en la Cámara autonómica por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Con 41 votos a favor y 33 en contra el texto presentado por la Xunta continuará su tramitación en la Comisión Primera del Parlamento gallego donde se debatirán las enmiendas al articulado presentadas no solo por los grupos de oposición sino también por el propio PP. Entre el público estuvo presente el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.

La nueva Lei de Galeguidade actualiza la norma de 1983 y el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, destacó que apuesta por incentivar la fusión de las entidades gallegas en el exterior en aras de lograr una mayor eficacia y mejorar los servicios que los centros ofrecen a la colectividad gallega.

Rueda se mostró convencido de que la unión de las asociaciones permitirá disponer de entidades con mayor capacidad para prestar servicios, autosuficientes en recursos y autónomas en la programación de actividades. En la actualidad, dijo, hay 370 entidades gallegas esparcidas por el mundo, con presencia en 25 países de tres continentes.

El proyecto de ley que entra en el Parlamento nace precisamente para potenciar su papel, con el objetivo de tener entidades más fuertes, con mayor base social y con una acción más diversificada. Así, en primer lugar la norma amplía el abanico de entidades legalmente reconocidas, estableciendo las figuras de los centros colaboradores, las federaciones y los centros de estudio y difusión de la cultura gallega, entre otros.

Asimismo, delimita los criterios y requisitos que deben reunir las entidades y el procedimiento para su reconocimiento y, en paralelo, se regula el Registro de la Galleguidad. Además, figura una previsión expresa para colaborar con el Estado en la elaboración de un censo de residentes gallegos en el exterior, con la misma periodicidad que la que rige para el padrón municipal.

Otro de los grandes ejes de la ley pasa por la ampliación de la cartera de derechos reconocidos a las comunidades gallegas en el exterior, blindando las actuaciones socio-asistenciales de carácter individual,con especial atención a los mayores y a las personas en riesgo de exclusión social. En total, el proyecto de ley reconoce un total de 21 derechos en los ámbitos social, cultural y también en la esfera económica.

Mujeres, jóvenes y nuevas tecnologías

En cuanto al refuerzo de la participación, el texto legal busca la ampliación de la base social de las colectividades en el exterior y para eso apuesta por implicar a la gente joven y contiene previsiones explícitas para favorecer la participación de las nuevas generaciones de gallegos nacidos en los países de acogida, así como la plena incorporación de las mujeres a las entidades.

También se hace especial hincapié en la integración del uso de las nuevas tecnologías, como una herramienta esencial para el conocimiento e intercambio entre las entidades, los asociados y la Xunta. En ese sentido, está prevista la creación de una plataforma tecnológica para las entidades, así como la inscripción de redes sociales virtuales en el ámbito de la galleguidad.

Ayudas socioasistenciales y economía

Otro de los grandes ejes de la ley pasa por la ampliación de la cartera de derechos reconocidos a las comunidades gallegas en el exterior, y también el apoyo a los servicios de acción social y sanitaria, con especial atención a los mayores y a las personas en riesgo de exclusión social.

Del mismo modo se incorporan las previsiones en igualdad de género y se refuerzan las medidas para la protección y difusión del patrimonio cultural, lingüístico e histórico gallegos, con servicios didácticos y audiovisuales, intercambios educativos y culturales y acciones formativas.

Finalmente, el vicepresidente también hizo hincapié en otro de los papeles que están llamadas a jugar las comunidades en el exterior en el actual escenario de globalización, como es lo de la esfera de los vínculos económicos. A este respecto, recordó que la ley incide en la coordinación de las entidades con las asociaciones empresariales gallegas en el exterior, en la búsqueda de dinámicas comerciales y de empleo que a la vez fortalezcan la marca Galicia y la internacionalización de nuestras empresas.

Consenso y participación

Alfonso Rueda subrayó que el texto es fruto de un amplio consenso con las comunidades del exterior y, de hecho, los borradores del proyecto fueron remitidos a todas las comunidades gallegas en el mundo, se celebraron encuentros en seis países y hubo un relatorio específico en el X Pleno del Consejo de Comunidades Gallegas. En todo caso, aguarda que el debate parlamentario permita enriquecer aun más esta norma, de la que destacó su importancia como definitoria de nuestra condición de nacionalidad histórica.

Críticas de la oposición

Las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición se referían a algunos aspectos fundamentales. Por un lado consideraron que la norma presentada por el Ejecutivo gallego se centraba en los derechos de las entidades gallegas en el exterior sin desarrollar los derechos de los gallegos residentes en el exterior. Le achacan que se le da más importancia a los centros que a las personas.

El diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Javier Fernández Ron, y el del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Jorquera, coincidieron en criticar que, en su opinión, el texto presentado “es una oportunidad perdida” de hacer una Ley de la Ciudadanía Gallega en el Exterior.

Otro aspecto criticado fue la ausencia en el proyecto de ley de una regulación del retorno, aunque este aspecto podría incluirse durante la tramitación de la Lei de Galeguidade. También desde el BNG señalaron que el proyecto de ley abre las puertas a entidades que no son gallegas y que es excesivamente burocrático, reglamentista y centralizador.

Para AGE la nueva Lei de Galeguidade introduce una versión “mercantilista” de la emigración al fomentar que las entidades gallegas en el exterior se conviertan en agentes de dinamización para favorecer la internacionalización de la economía gallega. Asimismo, el PSdeG destacó que solamente el 10% de los emigrantes gallegos están ligados a una entidad.