El portavoz de Emigración del PPdeG, Miguel Santalices, señaló que el informe del Consello de Contas referido la gestión de la Fundación Galicia Emigración durante la etapa del bipartito en la Xunta de Galicia “avala completamente las tesis del PPdeG al respecto de la falta de control presupuestario existente en la misma”, según informa el Partido Popular gallego en una nota.
El diputado señala que este informe “ahonda en el hecho de que se gestionó como una administración paralela sin control y bajo criterios de funcionamiento estrictamente partidistas tal y como denunciaba en su momento del PPdeG”.
Según el diputado popular, el informe señala que el funcionamiento de la Fundación estaba siendo descuidado por parte de la Xunta y se cometían irregularidades contables de cierta gravedad. Así habla de desorden contable con “previsiones de gastos e ingresos que se realizan de forma muy genérica lo que dificulta su utilización como instrumento de planificación y seguimiento”; previsión presupuestaria arbitraria e irreal con “incongruencias en la información y cambios cualitativos en la liquidación presupuestaria”; destaca la merma del valor neto contable de la Fundación en el año 2008 que fue del 8% sin que exista justificación para ese descenso, lo que refleja la falta de interés de los entonces gestores.
El informe señala que el principal inmovilizado material es el edificio adquirido en el año 2004 y critica el arrendamiento de otro inmueble con un coste anual de más de 30.000 euros y “cuya supresión supone un primer ahorro neto para las arcas públicas tal y como hizo el actual Gobierno de Núñez Feijóo”, según Miguel Santalices.
El diputado popular afirma que el repaso del Consello a las irregularidades en los gastos y a su justificación es, cuando menos, sorprendente ya que habla de “conceptos no indemnizables, vía irregular para indemnizar horas extraordinarias, gastos de alojamiento que adolecen de deficiencias de diversa índole como ausencia de orden que avale, ausencia de informes, inexistencia de controles, carencia de mecanismos de comprobación de concurrencia, debilidades de control, etc.”
‘Tirón de orejas’ de Madrid
Para el diputado popular el “esperpento mayor” está representado por la denuncia que hace el informe de una subvención otorgada por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales “que fue incoado el expediente para la devolución de cerca del 80% de lo concedido, por no cumplir los objetivos por una incorrecta planificación”. Es decir, “un tirón de orejas del Gobierno socialista central que corrige la gestión realizada por los socialistas gallegos al frente de la Fundación”.
Según el diputado popular el informe del Consello avala la decisión tomada por el Gobierno de Feijóo de extinguir ordenadamente la Fundación e integrar sus recursos técnicos, materiales y humanos en la Secretaría Xeral da Emigración señalando que “los fines fundacionales son cuando menos concurrentes y se solapan algunas actuaciones” y suponiendo de este modo un ahorro económico importante para las arcas autonómicas.
Así el documento señala claramente, según Miguel Santalices, que “dadas las características de su financiación, su evolución a la baja y la confluencia en sus objetivos con los de otras unidades orgánicas y entes públicos, no parece justificado el mantenimiento de la estructura de gastos fijos de la institución de no mediar cambios significativos en la captación de recursos por vías distintas a la subvención”.
Acceso a las prestaciones sanitarias
Por otra parte, el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, Modesto Pose, presentó en rueda de prensa una iniciativa parlamentaria en la que reclama a la Xunta que no ponga trabas para el ejercicio del derecho a la asistencia sanitaria de la ciudadanía gallega y facilitar la tarjeta sanitaria del Sergas, sin más requisitos que el de residir en un municipio de Galicia. Señaló que tomó esta iniciativa tras conocer por medio de muchos ciudadanos en paro, emigrantes retornados o mujeres divorciadas, que personal de la Consellería de Sanidade en los centros de salud están transmitiendo que no tienen derecho a asistencia sanitaria, remitiéndolos a las oficinas de la Seguridad Social.
La Consellería de Sanidade aseguró que regulará la racionalización del reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, además de a los parados, a los extranjeros comunitarios de países de la Unión Europea con seguridad social propia o de países terceros, pero que cuentan con sistema de seguridad también propio. De este modo, la Consellería de Sanidade podrá emitir el cargo de gasto de asistencia al Estado y éste a la entidad aseguradora del país de origen, que es la que debe cubrir el reconocimiento y realizar la compensación económica de la asistencia sanitaria prestada a sus asegurados.