El Gobierno está estudiando la viabilidad de una reforma electoral propuesta por el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, para que los integrantes de la llamada «diáspora» vasca puedan ejercer el derecho al voto en Euskadi pese a no residir desde hace tiempo en esta comunidad autónoma.
«Ha habido gente que ha tenido que irse del País Vasco por la presión del terrorismo; les acosaron, les persiguieron para limitar sus derechos civiles y políticos», ha dicho Alonso en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso.
El dirigente del PP apoya la propuesta para poder «devolverles esos derechos políticos y civiles que les fueron arrebatados», pero apunta que esta modificación legal, como cualquier reforma electoral, debe hacerse por acuerdo y acompañado por la oposición.
También ha apuntado que como el asunto presenta dificultades técnicas esta reforma debe ser analizada jurídicamente, y para ello se han convocado unas jornadas de estudio en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
En cualquier caso, Alonso ha considerado «razonable» el paso dado por el Ministerio del Interior en favor de los «exiliados» vascos.
No opina igual el portavoz adjunto del grupo de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quien ha interpretado la iniciativa como una «cortina de humo» del Ejecutivo.
Este diputado considera «contradictorio» que se diga que ahora no hay condiciones democráticas plenas en el País Vasco para justificar la medida y al mismo tiempo el Gobierno asegure que ETA está derrotada y que ya no hay partidos que amparen el terrorismo.
De cualquier modo, UPyD ve esta reforma «de difícil solución constitucional» porque en propiedad en España no existen exiliados y la disminución del censo electoral en Euskadi puede obedecer a muchos otros factores que no tengan nada ver con la presión de ETA.