Así lo afirmaron el presidente y el secretario general de la representación popular en Argentina, Arturo González Gil y Horacio Pegito Lobato, en respuesta a la carta que la responsable de emigración del PSdeG envió a los medios de comunicación de la colectividad en referencia al proyecto presentado por el Grupo Parlamentario Popular sobre las políticas que afectan a la emigración. Cabe recordar que la rebaja de las pensiones provocó una disminución de 150 pesos en el monto de los ingresos mensuales que recibían los emigrantes gallegos de Argentina que son perceptores de la pensión.
Soneira, que calificó al PP de “actuar como bombero pirómano”, había afirmado en su carta que durante el Gobierno de José María Aznar y mientras Norberto Mansilla Cabello se desempeñaba como consejero de Trabajo y Asuntos Sociales de España en Argentina, más de 17.000 expedientes de pensiones asistenciales “habían sido archivados y abandonados en estantes sin que durante años se tramitara ninguno de ellos”, añadiendo que esa manera de actuar es “antidemocrática, ilegal y absolutamente incompatible con las buenas prácticas de un país europeo”.
Esta afirmación fue desmentida por González Gil y Pegito Lobato, quienes dieron cuenta de la evolución de las pensiones asistenciales en Argentina mientras el PP fue gobierno en España, subrayando que a partir de 2002 el monto de las mismas se fue duplicando año a año “gracias al esfuerzo de nuestro partido”. Así, señalaron que en el año 2002 un pensionista cobraba 230 pesos, pasando esa cifra a 452 pesos en 2003 y a 920 pesos en 2004.
Según explicaron los representantes del PP, ese aumento provocó que en los primeros meses del 2004 se haya disparado el número de beneficiarios de las pensiones, ya que la misma se determina completando los valores de la pensión argentina hasta alcanzar la cifra aprobada.
Luego explicaron que al momento de producirse el cambio de Gobierno en España, en abril de 2004, se debía tramitar seis mil nuevas pensiones, de las cuales a cuatro mil se les habían requerido datos complementarios, lo que provocó un lógico retraso. “Si, como Soneira reconoce, en esos momentos había 11.000 pensionistas asistenciales y en enero de 2006 la nómina pasó a 18.000 pensionistas, querrá decir que en más de año y medio de gestión socialista sólo resolvieron siete mil expedientes, y no sabemos que pasó con los 10.000 restantes, sin contar el importante número de nuevas pensiones solicitadas”, agregando que “es una vergüenza que exponga cifras que son imposibles de mantener”.
Recurrir
Además, se refirieron a la eliminación del pago retroactivo a las personas que ya tenían iniciado el trámite de la pensión antes de enero de 2006: “Es otra gran estafa que le están haciendo a las personas con menos recursos. Los ciudadanos españoles con menos recursos no deberían pagar nunca las consecuencias de la mala gestión administrativa socialista, ya que están sufriendo un trato discriminatorio con respecto a los emigrantes de otros países, donde esto no sucedió”, añadiendo que pedirán a los emigrantes “que recurran esta medida porque estamos convencidos que la van a ganar”.
Soneira también había señalado que si se siguieran los planteamientos del PP, que pretende que no se tengan en cuenta las referencias económicas de cada país en el momento de establecer las ayudas asistenciales, se provocaría la situación de que si Argentina se recuperara económicamente y llegara a los niveles de renta similares a los años anteriores a la crisis, todos los perceptores de la pensión se verían privados de las mismas porque la no contributiva española no sería aplicable a un país con indicadores económicos superiores a los de España. A esta afirmación, González Gil y Pegito Lobato respondieron: “¿A quién quiere engañar? Cuanto más alta sea la pensión, más ciudadanos españoles podrán complementar la pensión Argentina con la asistencial”.
Además, los directivos del PP en el país austral remarcaron que la rebaja del importe de las pensiones en Argentina, que según el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, es de un 16 por ciento con respecto a las de 2004, en realidad llega al 26 por ciento, argumentando que desde enero de 2005 hasta diciembre de 2006 habrá una inflación anual del 12 por ciento, por lo que los pensionistas perderán un 50 por ciento del poder adquisitivo con respecto al baremo que utilizaba el Gobierno del PP. “Ésta es la política social del Gobierno socialista; por favor, que no nos engañen más”, añadieron.
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Pagar el triple para mantener la asistencia sanitaria
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En otro apartado, Soneira había sostenido que “ningún gobierno, y mucho menos un gobierno socialista, puede consentir que hayan unos pocos españoles que tengan buenas pensiones mientras muchos más ni siquiera reciban una respuesta a sus justas demandas, tal como ocurrió hasta hace bien poco”. González Gil y Pegito Lobato respondieron con dureza a esta afirmación al señalar: “Ese es otro engaño más; creemos que esta señora no está en su justo cabal, ya que cuanto más disminuya la pensión el Gobierno socialista, menos españoles tendrán derecho al complemento de la pensión asistencial”.
Luego criticaron la comparación que la responsable de emigración del PSdeG hizo respecto a la situación de los pensionistas residentes en Estados Unidos y Suiza. “Ya ha repetido en varias ocasiones este argumento, sin decir que apenas existen pensionistas asistenciales en EEUU, y en Suiza la cobertura asistencial del Gobierno es mejor que en Argentina, por lo que los españoles residentes en ese país no necesitan este tipo de ayudas ya que disponen de otras”, expresaron.
Por otra parte, los representantes del PP calificaron como un “fracaso estrepitoso” el Convenio de Asistencia Sanitaria firmado entre los Gobiernos de España y Argentina, y afirmaron que “es una falacia y una buena tomadura de pelo decir que todos los pensionistas tienen asistencia sanitaria y de medicamentos”.
En ese sentido, explicaron que para mantener la asistencia sanitaria que tenían anteriormente, ahora los pensionistas deben costear el triple de lo que pagaban mientras el PP era Gobierno. Además subrayaron que el PSOE pretende que el Centro Gallego y el Hospital Español subvencionen al Gobierno de España y que se hagan cargo del déficit que les provoca la asistencia sanitaria de los emigrantes, “ya que disminuyeron el aporte que hacían por cada pensionista amenazándoles con retirar las ayudas a estas instituciones”.