El PP de Castilla-La Mancha suscitó la polémica al señalar que el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, en los últimos 28 años en manos del PSOE y que ahora pasa al PP de María Dolores de Cospedal, está en situación de quiebra y que incluso peligraban los salarios de los funcionarios autonómicos. Además, acusó a los socialistas de estar destruyendo documentos antes de que los populares asuman el poder. Las acusaciones provocaron el anuncio del Ejecutivo autonómico de que suspendía los actos de traspaso de poderes.