Rodríguez Miranda lamentó que el dictamen no exija responsabilidades políticas y reclamó la dimisión del conselleiro de Traballo, Ricardo Varela; la reprobación del titular de Presidencia, José Luis Méndez Romeu; y la del secretario xeral de Emigración, Manuel Luis Rodríguez; así como el relevo de la diputada socialista Marisol Soneira y la expulsión del PSOE del alcalde de Muxía, Félix Porto.
Frente a ello, el viceportavoz del Grupo Socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, se preguntó por qué el PP no pide responsabilidades a miembros de su formación que también se beneficiaron del convenio de la Xunta con Iberia y consideró que también se las debería pedir al líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, “que aún no explicó el cheque de México”.
Por su parte, el portavoz del Grupo del BNG, Carlos Aymerich, se mostró “seguro” de que la actual Xunta, a la vista de las recomendaciones del dictamen, “estará a la altura de las circunstancias y tomará las decisiones oportunas” respecto al caso de la supuesta agente.
El voto exterior, en duda
“Con este Gobierno quien las hace las paga”, enfatizó el nacionalista, que aseguró que hubo agentes electorales en este caso y aún más en el pasado. En ese sentido, aprovechó para denunciar que la actual Ley electoral “permite, alienta y promueve” la manipulación de los votos de la diáspora, por lo que abogó por su reforma inmediata.
Ante esta aseveración, Leiceaga dijo no compartir afirmaciones que ponen en duda la dignidad de los gallegos en el ejercicio de sus derechos políticos.
Finalmente, Rodríguez Miranda insistió en exigir la asunción de responsabilidades “por los culpables” o, en su caso, por el presidente de la Xunta, así como en la necesidad “de que los votos de emigrantes vengan en urnas de cristal”. En caso contrario, según él, los socialistas se convertirán en “corsarios de los mares de la democracia”, con la patente de corso “otorgada” por el BNG.
Hechos
El dictamen aprobado establece como “hechos” que la supuesta agente electoral, María Isabel Blanco, viajó a Argentina con un billete a cargo de la Secretaría Xeral de Emigración, en virtud de un convenio con Iberia, para visitar supuestamente a una hermana que, sin embargo, se encontraba en Vimianzo (A Coruña), así como que fue contratada, gracias a una subvención de la Consellería de Traballo, por una asociación ourensana pero que, no obstante, trabajó para el sindicato Unións Agrarias en la provincia de A Coruña.
Además, el relato de los hechos indica que María Isabel Blanco pasó 53 días en Argentina y alude a la coincidencia de ese periodo temporal con los de precampaña y campaña electoral de las elecciones municipales de 2007. También da por probado que coincidió y participó en actos electorales con su “jefe directo”, el representante de Unións Agrarias y candidato a la Alcaldía de Muxía en aquel momento, Félix Porto.
Las conclusiones de la comisiónión también reflejan que la concesión del billete no es el procedimiento “más adecuado” y que “debe ser mejorado” y señalan que “parece que hubo una modificación sustancial” en el uso de la ayuda concedida a Viticultores do Castro.
Esto último “habilita” a la Xunta, según el dictamen, a continuar con el expediente informativo abierto puesto que, alertan, de este hecho “se puede derivar responsabilidad de la Administración gallega ante la Unión Europea”, al tratase de programas financiados con fondos comunitarios.
Menos días para el escrutinio
El texto también aboga por modificar la actual normativa electoral. En concreto propone que la Xunta modifique la legislación electoral autonómica para que los votos del exterior se contabilicen como muy tarde tres días después de las votaciones, en lugar de ocho.
Asimismo, exige que las Cortes modifiquen la Ley Orgánica del Régimen Electoral General antes de las próximas elecciones autonómicas para que los emigrantes voten en las mismas condiciones que los residentes en Galicia.
También recomienda limitar los viajes al exterior en periodo electoral, como aspectos más destacables.